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Mié. May 8th, 2024

CCOO exige a la Junta que no traslade la decisión de qué vacuna ponerse a los trabajadores de los centros educativos

El sindicato cree que es inaceptable que la Junta de Andalucía intente esquivar su responsabilidad obligando a ciudadanos sin formación científica a decidir de que vacuna ponerse la segunda dosis

El pasado mes de marzo se comenzó a vacunar al personal de los servicios esenciales en Andalucía, unos 260.000 trabajadores y trabajadoras, con la vacuna de Astra-Zéneca, pero la aparición de casos de trombosis con trombocitopenia entre los vacunados provocó que el 8 de abril se suspendiera la administración de la segunda dosis de esta vacuna a personas menores de 60 años.

El Ministerio de Sanidad, después de la reunión de la Comisión de Salud Pública celebrada el 18 de mayo y después de un intenso debate en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 19 de mayo, decidió que la segunda dosis a administrar fuera la de Pfizer pero dando la opción a aquellas personas que así lo decidieran de ponerse la segunda dosis de Astra-Zéneca, previa firma de un consentimiento informado.

Andalucía, que desde el principio se posicionó a favor de administrar una segunda dosis de Astra-Zéneca, ha retomado la vacunación de estos trabajadores esenciales, pero pretende que cada trabajador o trabajadora decida que vacuna es la que quiere ponerse y que firme un documento en el que manifiesta cuál es su decisión y que ha sido informado de las características de cada una.

A juicio de Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Cádiz, “Es un despropósito que se transfiera la responsabilidad de decidir qué tipo de vacuna es administrada en cada caso a trabajadores y trabajadoras sin ninguna formación en inmunología”

Además, el sindicato advierte de que no van a permitir que se deje de vacunar a aquellos trabajadores que se nieguen a firmar, ni que el consentimiento expreso firmado pueda ser utilizado más adelante como una herramienta para eludir responsabilidades por parte de la administración en caso de que en un futuro se produjeran reacciones adversas como consecuencia de la administración de la segunda dosis de la vacuna, “más allá de las  razones de carácter puramente sanitario es impresentable que la administración se lave las manos y traslade la responsabilidad de elegir a los ciudadanos”, ha manifestado Alcón, “máxime cuando el propio Ministerio está manifestando por activa y por pasiva que ese no es el espíritu del acuerdo, que no se trata de una vacunación a la carta”.

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