CGT Andalucía convocó una huelga general el 28 de mayo a todo el personal de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Agencias Públicas, Empresas Públicas y todo el personal de las contratas y subcontratas de cualquiera de las administraciones, agencias o empresas públicas del territorio andaluz. El lema escogido para esta huelga fue “Por unos Servicios Públicos dignos y estables. Por lo público, por lo común. Quienes están se quedan”.
La movilización partió desde la Subdelegación de Gobierno (junto a Puerta Tierra) a las 12:00 y recorrió varias calles del centro finalizando en plaza de España (monumento de la Constitución de 1812) frente al edificio de Diputación Provincial.
Se viven momentos convulsos en las administraciones públicas desde hace tiempo. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos, las exigencias de la Comisión Europea para acabar con la alta tasa de temporalidad del empleo público y su condicionalidad con respecto a las ayudas a España por la crisis pandémica, el papel que han jugado los trabajadores de lo público durante el último año de la pandemia, estando en primera línea de la atención ciudadana, como por ejemplo los sanitarios, los maestros, los servicios sociales y muchos más, y, al mismo tiempo, la escasez de recursos públicos con los que han contado y la falta de personal que ha resultado más evidente en estos momentos, sumado a que muchos servicios públicos se encuentran en manos de empresas privadas y no han dejado de un lado los beneficios económicos para prestar un mejor servicio y mayor protección a sus trabajadores, como ha sido el caso del Servicio de ayuda a domicilio, más una década de recortes en el sector público, una mayor precarización del empleo, etc. han creado un caldo de cultivo para el hartazgo del personal que presta servicios públicos, que han dicho basta.
1. Motivos generales: Acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación. QUIENES ESTÁN SE QUEDAN. Recuperación/creación de las miles de plazas de empleo público pérdidas durante los últimos años. Garantizar un sistema sanitario público y de calidad para toda la ciudadanía, elemento cohesionador y vertebrador de un sistema social y democrático de derecho. Recuperación de los Servicios Públicos privatizados y ampliación del ámbito de lo público. En Defensa de lo Público, de lo común. Mayor inversión pública en las necesidades sociales colectivas, con especial énfasis en las de la clase trabajadora. Asegurar desde los Servicios Públicos las condiciones mínimas para una vida digna de la población, en una perspectiva igualitaria. Recuperar para lo público todos los servicios privatizados y externalizados en las distintas administraciones y cese inmediato de privatización de servicios públicos. Establecimiento de sanciones severas, que deberán abonar con patrimonio privado, e inhabilitación para el desempeño de cargo público contra quienes como gestores del ámbito público utilicen contratación en fraude de ley.
2. Motivos para acabar con la precarización del empleo público y conseguir la ampliación de los Servicios Públicos: Consolidación en el Sector Público de las personas que han sufrido abuso de temporalidad y fraude en la contratación en sus plazas, al llevar ocupándolas más tiempo del período mínimo obligatorio establecido en el TREBEP, sin que la administración haya iniciado procesos de concurso-oposición para su cobertura, en los términos establecidos por la Sentencia núm. 33/2020, de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala el fraude de ley cometido por las administraciones. Ésta es una exigencia prioritaria que enmarcamos en la “lucha contra la Precariedad Laboral” establecida como prioridad en los acuerdos de nuestro XVIII Congreso Confederal. El TJUE ha dictaminado que la convocatoria de OPE no es un elemento ni sancionador ni disuasorio de la temporalidad y que castigar al que ha sufrido la contratación fraudulenta con la pérdida de su empleo no es ajustado a derecho. La sanción a la contratación en fraude de Ley y al abuso de la temporalidad es la fijeza, no el despido. Exigimos la trasposición de la Directiva Europea 1999/70 en el ámbito del Sector Público y en todo lo relativo a prevenir la precariedad laboral y a sancionarla cuando esta se produzca, incluyendo las indemnizaciones por cese de la relación laboral. Reivindicamos no incluir plazas en posible abuso de temporalidad y/o fraude en las Ofertas Públicas de Empleo mientras no se determine el grado de abuso, se sancione y se resarza a los trabajadores y trabajadoras en esta situación. Reivindicamos la creación de nuevas plazas, eliminando las tasas de reposición y las limitaciones establecidas desde hace años. Se hace necesario ampliar las plazas de las administraciones públicas, que han perdido miles de puestos de trabajo durante la última década, y adecuar las plantillas a las necesidades de las clases trabajadoras con respecto a los servicios públicos dignos y de calidad. Acabar con las medidas de amortizaciones de plazas en los Planes de Ajuste de los municipios, que ocasionan un grave perjuicio a la clase trabajadora y al propio servicio público, culpabilizándolo de la mala gestión que han hecho los responsables políticos. Reclamamos el establecimiento de mecanismos de control en los sistemas de convocatoria, creación y concurso de plazas, encaminados a evitar la proliferación de interinidades de larga duración y la cronificación de la contratación temporal. Exigimos que se vele por el cumplimiento efectivo de los plazos y procedimientos de Ofertas Públicas de Empleo para que estas se desarrollen con el máximo de transparencia en todo su proceso, desde el número de plazas ofertadas hasta el control de las listas o bolsas de trabajo a través de reglamentos específicos. Reivindicamos que se reconozca la estructuralidad de las plazas cubiertas de manera temporal por programas, cuando se evidencia que cubren necesidades estructurales y no temporales de los servicios públicos. Acabar con los programas temporales de fomento del empleo joven y similares, que no dejan de ser programas que generan empleo público fugaz, precario, de usar y tirar y con condiciones laborales por debajo de la norma, fuera de los Convenios, para cubrir puestos estructurales que continuarán vacíos una vez acaben esos programas. Que todos los recursos públicos destinados a estos programas se reinviertan en la creación de plazas de estructura de las Administraciones locales. Regularización de oficio de todos los contratos en fraude, ya sea por no cumplir con los requisitos de contrataciones temporales, de obra y servicio, etc. o por cubrir puestos de estructura de las administraciones sin las mismas condiciones laborales. Rechazamos todo proceso “express” de contrataciones de empleo público que se realice sin garantías de control y sin oportunidades para la generalidad de la clase trabajadora. Habilitar por ley a la Inspección de Trabajo para que se pueda sancionar a las administraciones públicas por incumplimientos de las normas de contratación y normativa laboral y de prevención de riesgos en general.
3. Motivos orientados a la recuperación de lo privatizado y contra nuevas externalizaciones de lo público: Reivindicamos la internalización de las contratas y subcontratas y de recuperación de las actividades privatizadas, (por ejemplo, mediante la remunicipalización, reinternalización…), garantizando la continuidad de los puestos de trabajo y de los derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras, en línea con la firme “defensa del empleo de calidad” en relación a “la transformación social de los Servicios Públicos privatizados” establecida en nuestros acuerdos Confederales de Iruña. Exigimos el cumplimiento de las PNL y mociones aprobadas en el Parlamento andaluz, Diputaciones y Ayuntamientos en relación a la recuperación para lo público de distintos servicios esenciales para la comunidad que actualmente se prestan a través de contratas y subcontratas (intérpretes de lengua de signos, PTIS, monitoras escolares, Gestión telefónica del 112, 061 y Salud Responde, Servicio de Ayuda a Domicilio, Técnic@s de emergencias sanitarias, limpieza hospitalaria…). Reconocer y acabar de oficio con la cesión ilegal de trabajadores por parte del Sector público andaluz. Vigilar y acabar los concursos públicos opacos y fraudulentos y el incumplimiento de los contratos por parte de las empresas hasta la finalización de los actuales contratos, tras la cual serán internalizados. Mientras siga habiendo contratas y subcontratas, garantizar las subrogaciones en todas ellas del mismo personal para otorgar estabilidad. Exigir unas condiciones laborales dignas equiparadas a las de las trabajadoras/es de la administración que subcontrata y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, en todas las empresas que desarrollan servicios públicos. Instar a la Inspección de Trabajo a que actúe contra las prácticas fraudulentas o irregulares conforme a la legalidad vigente de las administraciones que subcontratan y de las empresas concesionarias.
Por otro lado, desde FASE CGT Enseñanza Andalucía sobran los motivos para secundar esta huelga, pero podemos concretar en tres razones:
a) Acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público.
b) Acabar con el abuso de la temporalidad.
c) Acabar con el fraude en la contratación.
El lema elegido es “Por unos Servicios Públicos dignos y estables. Por lo público, por lo común. Quienes están se quedan”. Además de las reivindicaciones a nivel autonómico del sindicato, desde FASE CGT reclamamos para el sector educativo público:
a) Un plan de estabilidad para las personas interinas que garantice su puesto de trabajo.
b) Un sistema de acceso a la función pública mediante la doble vía y, de forma excepcional, por concurso de méritos.
c) El descenso inmediato de la ratio estipulada para cada nivel educativo.
d) El mantenimiento de los puestos COVID y PROA PLUS para el curso próximo.
e) La reducción de conciertos con centros privados y una apuesta clara por la educación pública.