CGT ha denunciado que la Junta quiere permitir a los colegios privados concertados cobrar un recargo a las familias para financiarse a través de las actividades extraescolares y los servicios complementarios.
Por este motivo el sindicato ha presentado alegaciones al proyecto de Decreto y «usará todos los medios sindicales y legales a su alcance para impedirlo», aseguran en una nota de prensa enviada a este medio.
El proyecto de Decreto que pretende aprobar la administración autonómica por el que se regulan las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios escolares complementarios en los centros docentes privados concertados, en su artículo 3, apartado 2, establece que «el cobro de cantidades económicas por las actividades extraescolares y por los servicios escolares complementarios podrá contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros».
CGT opina que este redactado es contradictorio con la primera parte de ese mismo artículo, que establece taxativamente que estas actividades «no podrán tener carácter lucrativo». Prohibición del carácter lucrativo de las cuotas en estos servicios complementarios y actividades extraescolares que figura también en la legislación anterior que va a ser derogada precisamente por este nuevo decreto (artículo 13 de la Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Desde el sindicato se preguntan cómo es posible que, si las cuotas por los servicios y actividades complementarias no pueden tener carácter lucrativo, puedan permitir destinar un beneficio para “el mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros”. Por tanto solo si se cobra al alumnado más de lo que es el coste real de esos servicios y actividades puede generarse un beneficio, para luego destinar esas ganancias a otro fin por el cual no han pagado las familias que lo han contratado.
Para CGT «estamos ante lo que parece una estafa a las familias que la Junta de Andalucía quiere legalizar».
Para finalizar afirman que «la Consejería vuelve a mostrar su apuesta decidida por los centros privados concertados frente a la escuela pública e intenta encubrir las prácticas generalizadas de cobro de cuotas falsamente voluntarias, y por tanto ilegales, en esos centros. Este Proyecto de Decreto supone un intento de ofrecer una triquiñuela legal para poder seguir realizando unas prácticas abusivas que ya han sido condenadas repetidamente por los tribunales en los últimos».