Chipiona exige una moratoria de los vertidos mineros al Guadalquivir por su impacto ecológico

Los municipios ribereños del Guadalquivir alzaron la voz el domingo 20 de julio en Chipiona contra los vertidos de residuos mineros al estuario. En una concentración celebrada en la plaza de las Américas, bajo el emblemático faro y frente a los corrales marinos, los ayuntamientos de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Coria del Río, junto a la Plataforma ciudadana en defensa del estuario y varias asociaciones ecologistas, reclamaron a la Junta de Andalucía una moratoria inmediata de los permisos de vertido de aguas con metales pesados procedentes de las minas Cobre las Cruces y Los Frailes (antigua Aznalcóllar).

Los convocantes exigieron que la autorización a estos vertidos no avance sin un análisis exhaustivo por parte de un comité de expertos y expertas independientes, que evalúe los riesgos ecológicos y socioeconómicos sobre el estuario del Guadalquivir. Aseguran que los estudios presentados hasta ahora por las propias empresas promotoras carecen de rigor científico, al no tener en cuenta ni la interacción entre ambos proyectos ni el comportamiento real de los metales pesados en el medio estuarino.

Durante el acto, el catedrático de Ecología Jesús Castillo, de la Universidad de Sevilla, alertó de que los sedimentos en la zona entre La Algaba y Coria del Río ya presentan signos de contaminación por metales, probablemente como resultado de los vertidos que realiza la mina Cobre las Cruces desde 2009. El científico desmintió que los metales disueltos simplemente fluyan hacia el mar, como sostienen las empresas, y explicó que tienden a depositarse en los fondos del estuario, donde afectan a la vida acuática y pueden entrar en la cadena alimentaria.

El principal argumento de los asistentes fue que ninguna de las dos empresas ha considerado el impacto acumulado de ambos vertidos simultáneos, algo que, según denuncian, la Junta de Andalucía debería haber evaluado antes de autorizar los proyectos. Según representantes de la Plataforma ciudadana, este hecho, unido a la falta de estudios imparciales, constituye una grave negligencia institucional.

El evento tuvo también un tono simbólico y participativo. Con un funeral escenificado para el Guadalquivir, se denunció el deterioro del estuario como consecuencia de los vertidos mineros. El cortejo fúnebre recorrió las calles de Chipiona hasta llegar a la plaza, donde se sucedieron varias intervenciones públicas en un espacio concebido como un ágora cívica.

Además del catedrático Jesús Castillo, participaron Rafael Ruiz “Fali”, miembro de la asociación CANS y de los mariscadores de Jarife, y los alcaldes Luis Mario Aparcero (Chipiona), Carmen Álvarez (Sanlúcar de Barrameda) y Modesto González (Coria del Río). Fali Ruiz denunció la situación de “zona de sacrificio” en que, según él, se está convirtiendo Andalucía para favorecer intereses de grandes multinacionales extractivas.

Desde las entidades organizadoras se insistió en que los vertidos previstos para los próximos 18 a 20 años podrían multiplicar por diez la cantidad ya vertida al Guadalquivir por Cobre las Cruces desde 2009. La Plataforma ya ha anunciado nuevas movilizaciones río arriba para seguir demandando una moratoria y un estudio independiente, mientras las autoridades locales advierten de las graves consecuencias que estos vertidos pueden tener no solo en el ecosistema, sino también en la economía y cultura de los pueblos del Bajo Guadalquivir.