El pasado mes de febrero se conocía que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial había aprobado una propuesta para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas, que entre otras medidas preveía especializar desde el 1 de junio en esta materia un juzgado de primera instancia en cada provincia. Se decía que de este modo se reducirá la previsible sobrecarga de trabajo derivada del aumento de litigios tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.
Tal y como ha explicado el Diputado de Ciudadanos en el Congreso por la provincia de Cádiz, Javier Cano, “la propuesta del CGPJ consiste en que en cada provincia se especialice de manera exclusiva, pero no excluyente, un juzgado de primera instancia, que se ocupe de las acciones individuales, una posibilidad contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial”
“Sin embargo – ha señalado Cano – esta medida contaba con el rechazo por parte de los abogados. Ya en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado en Barcelona se acordó por unanimidad mostrar su rechazo al plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial para la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia”
Cabe recordar que en algunas provincias se aducen como motivos de la oposición contra este plan, el que produce un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial. Además, el plan propuesto por el CGPJ generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos añadidos a los desplazamientos para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas.
Cano también ha indicado que “en el apartado primero, número 14, del artículo 52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone indubitadamente que, en los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante, esto es, el de los ciudadanos”
Estos hechos han motivado que Javier Cano haya preguntado al Gobierno central, en primer lugar, si se va a adoptar alguna medida para reforzar los juzgados y facilitar a los ciudadanos su acceso a la Justicia de cara a la aplicación de la medida acordada por el Consejo General del Poder Judicial de especializar desde el 1 de junio en esta materia un juzgado de primera instancia en cada provincia para conocer de los procedimientos judiciales que versen sobre las cláusulas suelo. Y en segundo lugar, si piensa el Gobierno que la medida acordada por el Consejo General del Poder Judicial es compatible con el artículo 52.1.14º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.