Un total de 51 colectivos sociales, 9 sindicatos, 15 asociaciones de vecinos junto con la Federación 5 de abril y 3.000 ciudadanos impulsaron la semana pasada la aprobación de la propuesta debatida en el pleno municipal de la pasada semana para la readmisión de Marisa Iglesias en Eléctrica de Cádiz. La propuesta obtuvo el sí gracias al voto faavorable de todas las fuerzas políticas salvo el PP, que se abstuvo.
Ahora, estos colectivos iniciarán una ronda de contactos para forzar primero la convocatoria del Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz y el pronunciamiento favorable del mismo. Hasta ahora, dicho Consejo había rechazado la readmisión de la trabajadora por un estrecho margen de un solo voto, con el pronunciamiento negativo de los consejeros de Endesa, Unicaja y el Partido Popular.
David Cifredo, en representación de los colectivos que apoyan a Marisa, se ha mostrado esperanzado con el ligero cambio de los populares, que han pasado del «no» a la abstención, al menos en el salón plenario. Cifredo ha adelantado que en los próximos días mantendrán contactos con el presidente y el gerente de la empresa Eléctrica de Cádiz, además del consejero nombrado por Unicaja, para intentar sacar adelante la readmisión.
Hay que recordar que Marisa Iglesias, familia monoparental con dos hijos a su cargo, trabajó durante más de cuatro años en Eléctrica de Cádiz a través de una ETT. En octrubre de 2016 esta relación laboral quedó finiquitada inicianso la perjudicada una reclamación judicial.
El Juzgado de lo Social nº 1 de Cádiz determinó que existió fraude en la contratación, cesión ilegal de trabajadores y despido improcedente. Como suele ocurrir en estos casos, la empresa condenada debe elegir entre la readmisión y la indemnización de la perjudicada, optando la empresa por esta última opción.