Ante las acusaciones de “Trumpismo” que hemos sufrido a tenor de la nota de prensa del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz las centrales sindicales CSIF, SBC y SAB tenemos que decir:
La entrada, forzada o no, de funcionarios que reclaman sus derechos en la Exma. Diputación Provincial es algo que se ha venido repitiendo históricamente, a las hemerotecas nos remitimos, por lo tanto es el Sr. Trump quien nos ha copiado.
Ahora está de moda llamar a los jóvenes “la generación de cristal”, a lo mejor son los políticos los que ahora tienen la piel muy fina, la actitud del Presidente de la diputación el Sr. D. Juan Carlos Ruiz Boix negándose a recibir a los representantes de los trabajadores ha sido arrogante y prepotente, solo ha servido para echar más gasolina al fuego, máxime cuando ya nos habían atendido el resto de grupos que conforman el arco parlamentario de esta Diputación.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece un tope salarial a los funcionarios de los entes instrumentales como es el CBPC que dependen de la Exma. Diputación Provincial. Mientras un bombero C1 cobra menos que un C2 con dedicación y disponibilidad de la diputación provincial, en el consorcio hay numerosos cargos que superan el límite impuesto por esta norma. Mientras que en nuestra administración hay cargos que cobran 1500€ brutos mensuales por estar disponibles y localizables, en la diputación este concepto es el mismo para todas las categorías siendo un total de 180,51€ mensuales, el tiempo libre con mi familia vale lo mismo que el tiempo libre del Gerente con su familia. Que conste que nosotros NO cobramos esos conceptos.
En cuanto a la falta de personal, el CBPC incumple a sabiendas la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (y otras cuestiones de seguridad laboral) con el fin de mantener bajo el presupuesto, si se hicieran las evaluaciones de riesgo de las actuaciones sobre el terreno se tendría, por imperativo legal, que casi triplicar la plantilla lo que podría replantearse a alguno de los socios abandonar este ente disoluble y si esto pasara y el consorcio se disolviera los bomberos pasaríamos a los respectivos ayuntamientos y a la Diputación Provincial en la fórmula administrativa que fuera integrándonos en las diferentes RPT y acuerdos sindicales de las diferentes administraciones pero
¿Que pasaría con aquellos que superan el tope salarial que impone la referida Ley? ¿Quien les absorbería con las extraordinarias condiciones laborales de que gozan ahora que el caso más extremo puede pasar de los 100.000€ brutos anuales?
Solo queremos que se nos trate al menos en igualdad de condiciones que están los funcionarios y otros entes instrumentales de la Diputación Provincial y que se amplíe y rejuvenezca la plantilla para llegar a los mínimos de seguridad según se desprenda de las evaluaciones de riesgo, si esto es ser Trumpista pues somos Trumpistas.