El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha alertado hoy de la “parálisis” de la tramitación de contratos de formación por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, hasta el punto que las autorizaciones se dan por válidas por silencio administrativo, sin comprobar si la formación es acorde con el puesto de trabajo ofertado.
A diferencia del resto de comunidades autónomas, en “Andalucía existe una paralización total a la hora de expedir la correspondiente autorización para que las empresas puedan formalizar este tipo de contratos”, algo que es “especialmente gravoso porque se convierte en una rémora para la creación de empleo, especialmente entre los demandantes más jóvenes y con menos experiencia”, ha señalado el presidente de los graduados sociales.
La falta de medios humanos y técnicos de la Consejería obliga a las empresas a esperar un mes para obtener la autorización para contratar, “pero por silencio positivo, no porque exista una resolución”, asegura José Blas Fernández. A esta situación anómala se une la falta de programas de formación, “que afectan especialmente a las pymes andaluzas”. Esta situación contrasta con la diligencia de comunidades en las que los expedientes se aprueban en horas.
El representante de los más de 9.000 graduados sociales andaluces considera que la Junta de Andalucía muestra “muy poca sensibilidad con este tipo de contratos, mientras Europa aporta millones de euros para la formación”.
La denuncia del Consejo Andaluz de estos profesionales y operadores jurídicos se produce días después de la entrada en vigor del Real Decreto para la Ley de Formación Profesional, por el que se desarrolla la ley de 2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Mediante esta norma, se modifica el sistema de formación profesional para el empleo con el objetivo de extender una formación entre los trabajadores «que mejore la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional».
José Blas Fernández señala que la ley otorga a la Junta de Andalucía plenas competencias en esta materia, “pero por ahora no está demostrando estar a la altura de las demandas que reclama la sociedad, los miles de andaluces con necesidades de empleo, y las empresas con demanda de profesionales”.