El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha alertado hoy de la preocupante situación de la Justicia Social y ha reclamado la adopción de medidas urgentes ante la situación de colapso de los juzgados. Su presidente, José Blas Fernández Sánchez, ha puesto de relieve los últimos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de los que se desprende que los juzgados de lo Social son los que presentan una mayor deficiencia de plazas judiciales, estando a la cabeza de asuntos por juzgados y a la cola en número de jueces.
En Andalucía, la jurisdicción social viene experimentando en 2017 un importante incremento en la entrada de asuntos, en torno a un 20 por ciento más que en los primeros seis meses de 2016.
El presidente del Consejo se ha hecho eco de la situación que están atravesando los juzgados de las ocho provincias andaluzas. En concreto, ayer lunes, el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla denunció el colapso que están sufriendo los Juzgados de lo Social en esta provincia de Sevilla, con señalamientos para el año 2020.
“La carga de trabajo existente no puede resolverse mediante parches temporales: la dotación de magistrados de refuerzo que no suelen durar mucho tiempo en sus puestos. Reciente en Sevilla, una magistrada de refuerzo ha sido trasladada, y no sustituida, a la Audiencia Provincial, agravándose aún más la situación y el aplazamiento de vistas hasta dentro de tres años”, denuncia José Blas Fernández, quien asegura que estas situaciones son comunes en el resto de provincias andaluzas, Ceuta y Melilla.
Desde hace más de 17 años, Sevilla no ha visto ampliado el número de juzgados de lo Social, actualmente 11, a pesar del incremento de asuntos, que sobrepasa todos los límites que marca el propio Consejo General del Poder Judicial.
“Esta situación, que es generalizada en toda Andalucía, provoca una grave indefensión hacia el justiciable, en cuestiones de especial sensibilidad como son las de ámbito social y laboral, despidos, prestaciones por invalidez, impago de nóminas”, asegura el representante de los más de 9.000 graduados sociales andaluces.
“Faltan juzgados, jueces y, también funcionarios para tramitar las ejecuciones de sentencias en tiempo y forma. El sistema, de esta manera, genera desamparo entre nuestros clientes, los justiciables en materia social y laboral, de Sevilla y de toda Andalucía”, añade.
A juicio del presidente del Consejo, la Justicia Social debe ser objeto de un gran pacto institucional y político para que Gobierno, Junta de Andalucía y Consejo General del Poder Judicial, junto a los operadores jurídicos, busquen vías de solución y prioricen medidas para evitar el colapso de la Justicia Social.