Consumo ordena a Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo exige a Airbnb la retirada de miles de anuncios que incumplen normativas autonómicas, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala estas medidas.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha impuesto a Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma. La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado en los últimos meses tres resoluciones a la filial irlandesa de Airbnb para ordenar la retirada de estos anuncios por vulnerar la normativa vigente en varias comunidades autónomas españolas.
Estos anuncios corresponden a viviendas completas de uso turístico y no a habitaciones individuales, y se consideran ilícitos por no cumplir con los requisitos legales establecidos en las diferentes normativas autonómicas sobre publicidad de alojamientos turísticos. Entre las principales infracciones detectadas se encuentran la falta de número de licencia o registro obligatorio, la ausencia de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, y el uso de números de licencia falsos o no autorizados.
Ante estas medidas, Airbnb recurrió en sede judicial para evitar el bloqueo de anuncios, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha ratificado en un auto la actuación de Consumo. En concreto, el TSJ ha ordenado la retirada inmediata de 5.800 anuncios correspondientes a viviendas turísticas en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que el objetivo del Ministerio es colaborar con las administraciones públicas para poner fin al descontrol y la ilegalidad generalizada en el sector de alojamientos turísticos. Además, ha insistido en la necesidad de favorecer el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas irregulares.
Para ello, la Dirección General de Consumo trabaja en diversas actuaciones complementarias, apoyando a otras autoridades con asistencia técnica y aportando datos recopilados por la Unidad de Análisis de Consumo. Estas acciones se suman a los expedientes sancionadores abiertos desde diciembre de 2024 contra plataformas y gestoras de pisos turísticos por incumplimientos similares, así como contra inmobiliarias por prácticas abusivas contra inquilinos.
La medida representa un avance importante en la regulación del alquiler turístico en España, un sector que ha generado polémica por su impacto en el mercado de vivienda y la protección del consumidor. El Ministerio refuerza así su compromiso con la legalidad y la transparencia, buscando un equilibrio entre el turismo y el derecho a la vivienda.
