Cruce de reproches entre Equipo de Gobierno y PP a cuenta del bono social gaditano

La Dirección General de Tributos tumba la fórmula planteada por el Equipo de Gobierno pero señala que la Fundación Electríca de Cádiz no cumple con la obligación de presentar cuentas y renovar cargos

La respuesta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT) sobre la fórmula planteada para poner en marcha el bono social no ha hecho más que acrecentar el cruce de reproches entre el Equipo de Gobierno y el Partido Popular.

Lo que llama la atención es que la respuesta a la consulta tiene fecha de 20 de junio de 2018, por lo que tanto José Blas Fernández como presidente de la Fundación como David Navarro, que ocupa el puesto homólogo en Eléctrica de Cádiz, debían conocerla y hasta el día de ayer en que fue hecha pública por Diario de Cádiz no han valorado el contenido de la misma.

Lo que viene a decir la respuesta de la DGT es que la fórmula planteada por el Equipo de Gobierno no es válida. El procedimiento consistía en que Eléctrica de Cádiz donara a su Fundación 600.000 euros de los beneficios de la compañía destinados a las familias en riesgo de pobreza energética para que estos usuarios pudieran hacer frente al pago de sus recibos eléctricos. La compañía eléctrica se desgravaría un 30% de esta donación. Y es en esta desgravación fiscal donde la DGT señala dos inconvenientes.

En primer lugar la Fundación Eléctrica de Cádiz no cumple con los requisitos que establece la Ley 49/2002, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo porque “la Fundación no ha presentado al protectorado en los últimos ejercicio los planes de actividades, inventarios ni cuentas anuales, estando prácticamente inactiva”, además de que “los cargos del Patronato se encuentran caducados”. Por tanto “ni se han cumplido las obligaciones contables ni se han rendido las cuentas, lo que impedirá que la Fundación pueda tener la consideración de entidades sin fines lucrativos a efectos de la Ley 49/2002”.

Esto ha provocado la airada protesta del Equipo de Gobierno que ha señalado que “lo que José Blas Fernández ha hecho con el dinero de la Fundación Eléctrica de Cádiz solo lo sabe él”.

En segundo lugar el informe vinculante de la DGT también encuentra reparos en la aplicacación de la desgravación fiscal del 30% en cuanto a la fórmula planteada, ya que la donación de los 600.000 euros de Eléctrica de Cádiz a su Fundación ya que ” la donación es un acto de liberalidad que supone un empobrecimiento voluntario del donante. Es decir, la donación no puede realizarse con la finalidad de obtener una utilidad”. Para la DGT “no parece haber duda de que la Suministradora está obteniendo una utilidad por el pago de los recibos emitidos por tal Comercializadora ya que si no se hiciera la donación, la Comercializadora previsiblemente no cobraría los recibos emitidos a personas en riesgo de pobreza energética lo que reduciría la expectativa de dividendos procedente de la Comercializadora hacía la Suministradora”.

Por tanto, ” la donación efectuada no parece cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley 49/2002, la interposición del Fundación entre la Suministradora y la Comercializadora conlleva la obtención de una deducción fiscal a la que no se tendría derecho si no interviniera tal Fundación, lo que implica que la realmente perjudicada sea la Hacienda Pública estatal”.

Es en este punto donde el Partido Popular ha manifestado que “el alcalde y sus círculos llevan cuatro años intentando defraudar a Hacienda a través de la Fundación” y ha exigido una disculpa del Equipo de Gobierno a su concejal y presidente de la Fundación, José Blas Fernández.


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