La Central Sindical insiste en que la provincia debería contar con 1.200 bomberos (700 más de los que hay actualmente) para cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea
El sector de Administración Local de CSIF Cádiz espera que la “necesaria y urgente” modificación de la Ley de Gestión de Emergencias sea una realidad a finales de este año (está en vigor desde 2002), con el objetivo de profesionalizar y homogeneizar por fin el servicio esencial que prestan los casi 500 bomberos de la provincia.
CSIF recuerda que en marzo se aprobó el inicio del procedimiento legislativo para modificar esta ley, que abarca los distintos ámbitos relacionados con la gestión de las emergencias en Andalucía. “Es un cambio que lleva dos años anunciándose tras diecinueve de parálisis”, apunta el responsable de Administración Local de CSIF Cádiz, Francisco Silvestre, que pide la agilización del proceso “por la necesaria y urgente organización de este servicio esencial”.
En este sentido, apunta que “estos servidores públicos, que ponen en riesgo su propia integridad física, están viviendo una situación indigna y para resolverla se hace necesario este ordenamiento”. Los bomberos necesitan “desesperadamente una legislación que establezca unas dotaciones mínimas de intervención para acabar con su precaria situación”. Por eso CSIF concreta que, en todo caso, se debe garantizar que se llegue al mínimo básico que establecen los procedimientos de intervención previstos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para velar por la seguridad de los bomberos y la de los ciudadanos a los que atienden. La nueva Ley, según el sindicato, debe resolver estas deficiencias y garantizar que habrá más personal disponible en cada parque.
Otro de los ejes en los que se centra la nueva norma es el abuso de la contratación temporal, del que “los bomberos tampoco se libran”. En este sentido, la central sindical exige que la nueva norma regularice esta situación “a través de los correspondientes procesos de consolidación o estabilización” y que tenga en cuenta el “agravante” de que “en este colectivo se combina la figura del bombero interino con la condición de agente de la autoridad que se le atribuye al bombero funcionario de carrera en el ejercicio de sus funciones”.
CSIF insiste en que “es necesaria y urgente la organización de este servicio esencial y, de esta forma, evitar la disparidad de criterios, recursos, protocolos y dotaciones de plantilla que existen en la actualidad”. El objetivo es poder avanzar en la aprobación de una ley que se fundamente básicamente en la mejora de medios materiales y humanos y en la necesidad de una regulación específica.
Hay que recordar que, según las recomendaciones de la Unión Europea, la provincia de Cádiz debería contar con 1.200 bomberos (700 más de los que tiene actualmente), y que CSIF lleva años reclamando un aumento de personal para evitar situaciones que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a la ciudadanía a la que sirve.