En los últimos días, la situación se está desbordando en cuanto a volumen de trabajo, provocando el enfado de los usuarios que sufren largas colas y que después no pueden ser atendidos
El sector de Justicia en la provincia de CSIF (sindicato mayoritario en la Administración de Justicia de Andalucía) quiere denunciar públicamente la situación que padecen los funcionarios que atienden el Registro Civil de Jerez de la Frontera, que esta semana se ha visto desbordado como consecuencia, por un lado de la falta de medios humanos y tecnológicos y, por otro, del gran volumen de peticiones que se viene realizando por algunas entidades del trámite de la Fe de Vida.
Para CSIF es primordial que se implante urgentemente el servicio de cita previa telemática, tal y como ya se ha hecho en el resto de Administraciones públicas, para que la atención al público sea ordenada y no se produzcan aglomeraciones en el entorno de las dependencias judiciales, máxime cuando vivimos una alerta sanitaria en la que es indispensable mantener la distancia de seguridad entre personas. Esta situación provoca el enfado de usuarios que sufren largas colas de espera, y que en muchas ocasiones se quedan sin poder atendidos porque no quedan más números de cita previa.
Desde CSIF se subraya que el personal funcionario, que trabaja con total profesionalidad y a destajo para cumplir con su labor, no es el responsable de esta situación, sino la Administración, que no está poniendo los medios adecuados para solventarla. La quinta ciudad de Andalucía en población necesita un Registro Civil acorde a las necesidades que los ciudadanos demandan a diario, ante la impotencia de los funcionarios que atienden este servicio, que comprueban cada día que el incuestionable esfuerzo que realizan no es suficiente para paliar esta situación.
Por mucho esfuerzo que hagan los profesionales de la Justicia que dan a diario todo y más de sí mismos, si no se les facilita y complementa su labor con medios materiales y personales los resultados no serán los deseados. Por ello, CSIF considera que si la Administración no pone remedio, el servicio se mantendrá en la precariedad, sin poder mejorarlo tal y como merece la ciudadanía.