CSIF inicia la recogida de firmas para la devolución de las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

La iniciativa legislativa popular para la devolución de las pagas extra autonómicas tendrá un plazo máximo de seis meses para recabar apoyos y afecta a unos 300.000 empleados públicos andaluces, incluidos los de Cádiz

CSIF ha iniciado este 9 de noviembre la recogida de firmas para impulsar en el Parlamento de Andalucía la devolución de las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 a los empleados públicos. La campaña forma parte de una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por el sindicato y admitida a trámite por la Mesa de la Cámara autonómica.

La recogida de apoyos comienza después de que la Junta Electoral de Andalucía haya autorizado el procedimiento. Esta fase tendrá una duración máxima de seis meses, de acuerdo con los plazos establecidos para este tipo de iniciativas.

El objetivo es promover una proposición de ley que pueda debatirse en el Parlamento andaluz. CSIF cifra en aproximadamente 300.000 las empleadas y empleados públicos afectados en la comunidad, entre ellos los destinados en la provincia de Cádiz, y calcula que la cantidad pendiente asciende a una media de 2.000 euros por trabajador.

El sindicato matiza que el importe concreto depende de las circunstancias laborales y de las retribuciones específicas de cada persona. La cifra de 2.000 euros constituye, por tanto, una estimación media realizada por la organización sindical.

El presidente de CSIF Andalucía e integrante de la comisión promotora de la ILP, Germán Girela, ha señalado que la organización movilizará sus recursos durante los próximos meses para obtener los apoyos necesarios. El sindicato también ha pedido la firma del conjunto de la ciudadanía, además de la de los empleados públicos directamente afectados.

La reclamación se remonta a las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía en 2012, que afectaron a los ejercicios de 2013 y 2014. CSIF sostiene que esas cantidades continúan pendientes de restitución más de una década después.

La organización vincula también la situación al Acuerdo Marco del 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público. Según el sindicato, ese documento incluía entre sus medidas la restitución del concepto retributivo reclamado ahora mediante la iniciativa legislativa popular.

Girela afirma que Andalucía es la única comunidad autónoma de las que aplicaron estos recortes que todavía no ha iniciado su devolución. Se trata de una valoración y un dato aportados por CSIF en el marco de su campaña para que la propuesta llegue a debatirse en el Parlamento.

La ILP fue registrada en julio de 2026, tras varios años de movilizaciones y contactos de la organización con los grupos políticos. CSIF también solicitó una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, aunque, según la versión del sindicato, el encuentro no llegó a celebrarse.

Las protestas por esta reclamación comenzaron en septiembre de 2023 con concentraciones en las ocho provincias andaluzas. El 4 de octubre de ese año se celebró otra movilización ante el Palacio de San Telmo, en Sevilla, y el 4 de marzo de 2024 se convocaron nuevas concentraciones provinciales para exigir el cumplimiento del acuerdo y denunciar la falta de avances.

CSIF incorpora a sus argumentos la derogación, a través de la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2025, de los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que regulaban medidas de reducción retributiva para 2013 y 2014. La organización sostiene que ese cambio dejó sin efecto los recortes aplicados a los altos cargos de la Administración autonómica, mientras que las cantidades reclamadas por el resto de empleados públicos siguen pendientes.

Girela ha criticado esa diferencia de tratamiento y ha recordado que Juanma Moreno expresó, cuando era líder de la oposición, su intención de devolver las pagas. Estas afirmaciones forman parte de la argumentación sindical con la que CSIF pretende recabar las firmas necesarias para que la proposición de ley continúe su tramitación parlamentaria.