CSIF pide una reunión urgente con Irene García para tratar la falta de seguro de vida de los bomberos

La sección sindical de CSIF en el Consorcio provincial de Bomberos ha solicitado una reunión urgente con la presidenta de la Diputación, Irene García, como máxima responsable política de los bomberos de la provincia, para tratar el grave problema que sufre el colectivo al quedarse sin seguro de vida desde comienzos de este año. La situación se agrava aún más, a juicio de CSIF, dado que tras permanecer desierta la licitación de un nuevo seguro (en dos ocasiones en lo que va de 2017), la Junta General del Consorcio de Bomberos pretende eliminar mañana el artículo del acuerdo regulador (convenio colectivo de bomberos) que obliga a contratar un seguro de vida y de incapacidad para estos trabajadores. Los bomberos acudirán mañana a la reunión de la Junta General del Consorcio para conocer de primera mano la postura de la dirección de este organismo respecto a dicho asunto.

Los bomberos de la provincia se sienten totalmente desprotegidos y abandonados por el Consorcio provincial, cuando en el desempeño de sus funciones se exponen constantemente a situaciones de verdadero riesgo para su integridad. De ahí que recurran a la presidenta de la Diputación para que intervenga y haga recapacitar a los responsables del Consorcio para que, en vez de eliminar el artículo del convenio, hagan todo lo posible por encontrar un seguro que responda a las necesidades del colectivo de bomberos.

Del mismo modo, CSIF quiere transmitir la indignación que existe en el colectivo tras saberse que la dirección política del Consorcio provincial de Bomberos cuenta actualmente con un seguro, vigente y renovado en 2016, y de características similares a la póliza que cubría a los bomberos hasta que venció a finales del año pasado.

CSIF espera que tanto el Consorcio como la Diputación resuelvan cuanto antes este grave problema que afecta a los 450 bomberos operativos que hay en la provincia y que, hay que recordar, sufren desde hace años una creciente falta de personal. De hecho la plantilla provincial es aproximadamente un tercio de lo que recomienda la Unión Europea (un bombero por cada millar de habitantes).