Cuatro empresas recurren el pliego de autobuses de Cádiz, según AIG

Adelante Izquierda Gaditana pide al Gobierno municipal que aclare cómo afectará la suspensión cautelar al pliego de autobuses de Cádiz, un contrato de más de 215 millones para doce años

Cuatro empresas han presentado recursos contra el nuevo pliego de autobuses de Cádiz, según ha informado este 22 de septiembre Adelante Izquierda Gaditana (AIG). El grupo municipal sostiene que el procedimiento ha quedado paralizado cautelarmente y reclama al Gobierno local de Bruno García que explique las consecuencias sobre los plazos de la licitación y las medidas previstas mientras se resuelve la situación.

El contrato, destinado a regular el transporte urbano de la capital durante doce años, supera los 215 millones de euros. El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pliego en julio con los votos favorables del PP y el PSOE y la abstención de AIG, mientras que la licitación se publicó en agosto.

La portavoz de la formación, Lorena Garrón, considera que los recursos representan un nuevo contratiempo para la renovación del servicio. AIG había justificado su abstención en la votación plenaria por las deficiencias que, a su juicio, presentaba el modelo planteado por el equipo de gobierno.

Entre sus objeciones, el grupo cita los cambios previstos en las líneas y el sistema tarifario incluido en el contrato. Garrón asegura que la reorganización ha generado rechazo y advierte de que las tarifas podrían encarecer el servicio para los usuarios, una posibilidad planteada por la formación política.

AIG vincula los recursos con lo que califica como una falta de planificación municipal en materia de movilidad. Garrón acusa al Gobierno local de haber realizado anuncios sobre nuevas líneas, frecuencias y vehículos sin integrarlos, según su valoración, en una estrategia global para el transporte público de la ciudad.

La portavoz también critica la coordinación entre las delegaciones municipales de Movilidad, Accesibilidad y Urbanismo. Según sostiene, el diseño del servicio no ha contado suficientemente con los colectivos sociales vinculados a la movilidad y la accesibilidad ni con las necesidades de quienes utilizan a diario los autobuses urbanos.

La formación reclama ahora información sobre el efecto de la paralización cautelar en el calendario previsto para adjudicar y poner en marcha el contrato. También solicita al Ayuntamiento que concrete qué actuaciones adoptará para mantener el servicio mientras se tramitan los recursos empresariales.

“Ni tenemos un servicio decente ni tenemos garantizado un pliego que pueda ponerse en marcha en el corto o medio plazo”, afirmó Garrón. La portavoz atribuye esta situación a la gestión del Gobierno municipal y sostiene que durante los últimos años se han sucedido los anuncios sin que se haya materializado una renovación efectiva de la flota.

Las críticas de AIG se producen después de varios años marcados por la antigüedad de los vehículos, las averías y las incidencias en el servicio, de acuerdo con el balance expuesto por el grupo. Garrón asegura que los problemas de mantenimiento han sido recurrentes y que la plantilla ha trabajado bajo una presión creciente.

A este escenario se sumó el conflicto laboral de 2025, que desembocó en 19 días consecutivos de huelga. AIG señala que fue el paro más prolongado en la historia del servicio de autobuses urbanos de Cádiz y lo presenta como uno de los principales episodios de la situación atravesada por el transporte municipal.

Garrón sostiene además que el servicio se ha vuelto “más viejo y más caro” durante los últimos tres años y afirma que continúan produciéndose averías de forma habitual. La formación considera que el Ayuntamiento no ha articulado una alternativa suficiente para reducir los efectos de esas incidencias hasta la entrada en vigor del nuevo contrato.

Los cuatro recursos abren ahora un nuevo frente en el proceso de licitación aprobado durante el verano. Para AIG, la cuestión prioritaria es determinar cuánto puede demorarse la puesta en marcha del contrato y cómo se garantizará durante ese periodo que los autobuses cubran los barrios, funcionen con regularidad y mantengan precios asequibles.

La formación responsabiliza políticamente al ejecutivo de Bruno García de las dificultades del procedimiento. Garrón reclama que el Ayuntamiento centre su actuación en resolver los problemas cotidianos del servicio y defina un modelo de movilidad coordinado entre las distintas áreas municipales.