El alcalde de Cádiz, José María González, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se han reunido esta mañana en el despacho de la Oficina del Defensor de Pueblo Andaluz, en Sevilla, para abordar la situación del bono social eléctrico, después de que el regidor pidiera esta entrevista hace unos días para solicitarle amparo por el bloqueo que el presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz y concejal del PP, José Blas Fernández, mantiene a esta iniciativa que persigue mejorar las condiciones de vida de 2.000 familias gaditanas.
Al término del encuentro, el Defensor del Pueblo Andaluz ha elogiado el Bono Social Eléctrico de Cádiz. “El alcalde me ha explicado el Bono Social Eléctrico de Cádiz y la verdad es que, en principio, me ha parecido que su configuración supera a la del bono estatal, acepta muchas recomendaciones que ya desde el Defensor del Pueblo Andaluz y desde el Defensor del Pueblo Estatal hemos comenzado a formular, y nos parece que va más allá. Si llega a materializarse ya, que es lo que deseamos todos por el bien de las familias de Cádiz, puede ser un Bono Social Eléctrico pionero para el resto”, ha enfatizado. Resaltando sobre el mismo sus “razones convincentes, que tiene en cuenta muchísimas cosas y que va más allá”.
Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha compartido que el alcalde de Cádiz le ha presentado “una documentación extensa que vamos a estudiar”, y una vez realizado ese trámite “nos pronunciaremos”. E igualmente tiene intención de estudiar “los obstáculos y las diferencias que pueden existir para ponerlo en marcha”. “Pero en principio –ha recalcado- ha sido una presentación de un Bono Social Eléctrico fantástico, y creo que merece la pena que siga adelante”. Además, ha hecho hincapié también en que muchas familias gaditanas se beneficiarían del mismo, y “en este invierno, que es muy frío, es urgente”.
Por su parte, el regidor de Cádiz ha recordado que el Bono Social Eléctrico de Cádiz cuenta con el apoyo unánime del Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz, así como del Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz, “y a estas alturas del año, con todo preparado, con todo el trabajo de Asuntos Sociales, con todo el trabajo de la empresa Eléctrica de Cádiz, todo está parado a expensas de que el señor José Blas Fernández, presidente de la Fundación de Eléctrica de Cádiz y concejal del Partido Popular del Ayuntamiento gaditano, firme los dos convenios pendientes”.
Es por ello que José María González se ha desplazado hoy a Sevilla, acompañado por la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, para trasladarle al Defensor del Pueblo Andaluz “nuestra preocupación por este asunto, hacerle un relato exhaustivo y profundo de los hechos y pedirle amparo, para que actúe y tome cartas en este problema, que implica la solución de una situación de pobreza energética de más de 2.000 familias de nuestra ciudad”.
Y ha señalado también que el Bono Social Eléctrico de Cádiz se ha diseñado a través de un proceso participativo que, durante un año, ha movilizado a toda la sociedad civil organizada, asociaciones de vecinos, asociaciones sectoriales, partidos políticos y la propia empresa Eléctrica de Cádiz. “Y como digo –ha concluido- está pendiente únicamente de la firma del señor José Blas Fernández”.
José Blas Fernández se queja de estar someido a coacciones
El Grupo Municipal del Partido Popular, a través de su concejal José Blas Fernández, ha lamentado hoy que “al alcalde se le haya olvidado hoy explicarle al defensor del Pueblo por qué ha retirado las ayudas para el pago de la luz a dos mil familias gaditanas que, según viene diciendo hasta la saciedad, están pendiente ahora de la aprobación del Bono Eléctrico”. Los populares han reiterado que, desde hace muchos años el Ayuntamiento –con el anterior gobierno- pagaba íntegramente las facturas de la luz de todas las familias que obtenían informe favorable de Servicios Sociales, y no solo los conceptos subvencionables como se hará con el bono.
Fernández ha manifestado hoy su disposición para explicarle al Defensor del Pueblo todos los detalles del bono eléctrico que ha omitido el alcalde en su cita: “lo primero que voy a explicarle es el acoso y las coacciones a las que me está sometiendo el alcalde y sus círculos para que incurra en un presunto delito. Llevan semanas acusándome públicamente en todos los ámbitos de ser quien va a dejar a dos mil familias sin ayudas para pagar la luz, cuando esas ayudas estaban en vigor hace pocos meses y si se han retirado el único responsable es él”.
Detalles que obvia el alcalde
Fernández enumeró una serie de detalles que “seguramente” no han sido tratados en su reunión con el Defensor del Pueblo. El bono eléctrico no fue aprobado tal y como era obligatorio por su carácter por una mayoría cualificada del consejo (7 de 9 consejeros) sino por cinco de los nueve consejeros. A pesar de que los consejeros a propuesta del Grupo Popular sí votaron a favor del bono, los consejeros de Endesa no lo hicieron y pusieron sobre la mesa la “irregularidad” que suponía aprobar esta medida sin la mayoría requerida.
La segunda omisión intencionada del alcalde es que el en el último consejo de administración de Eléctrica se aprobó elevar consulta a la Dirección General de Tributos sobre la fórmula legal en la que se está planteando a la Fundación la aplicación del llamado bono social eléctrico, por lo que no depende de ninguna decisión de José Blas Fernández: “aún así el alcalde, su familia y sus círculos no cejan en coaccionarme públicamente para que incurra en lo que sería una irregularidad seguro y un posible delito, pero sobre todo llevan semanas haciendo política de la más miserable y ruin, utilizando a las personas sin recursos para sus propios intereses.
El concejal Fernández explicó que en el Consejo de Eléctrica quedó patente que había serias dudas de que la empresa pueda deducirse 1,7 millones de euros de los 2,4 que va a “donar” a la Fundación para la puesta en marcha del bono, y es este punto –entre otros- el que se quiere someter a consulta. El edil popular aclaró que “esta maniobra que plantea el alcalde es un puro negocio para la empresa que deja de sustentar en su economía las ayudas a los gaditanos para ahorrarse lo que puede desgravar por esas supuesta donación. Si el alcalde quiere que yo firme un documento en el que se le da visto bueno a una operación que no está nada clara legalmente es porque no se ha enterado de nada”.
Fernández concluyo indicando que “seguramente tampoco haya informado al Defensor del Pueblo que con el Bono la familia que lo solicita necesitará un permiso del propietario de la vivienda, cosa que antes no pasaba. O que estarán obligados a pasar por los talleres de su asesora en Diputación, y todo ello para que le paguen una parte de la factura y no su totalidad. El alcalde no se ha enterado que el que no tiene recursos para pagar la luz está en una situación límite”.