Equiparación salarial con otras comunidades autónomas, aumento de personal, actualización de funciones y mejoras en la seguridad son las principales reclamaciones que hace el sindicato
Delegados de CSIF en la Administración General del Estado (AGE) e Instituciones Penitenciarias se han reunido esta mañana en la sede provincial del sindicato con el candidato al Congreso por el Partido Popular en Cádiz, Pedro Gallardo para trasladarle las principales reivindicaciones sindicales que defiende CSIF para el colectivo de empleados públicos de este sector. A la cita han acudido, por parte de CSIF, Mercedes Amézaga (vicepresidenta), Ángel Luis Pera (portavoz de Instituciones Penitenciarias), y Joaquín Balestra (delegado de AGE), mientras que por el PP, además de Gallardo, han estado Ignacio Romaní (número 2 de la lista al Congreso por Cádiz), Macarena Lorente (número 3) y Miguel Ángel Sastre (número 4).
CSIF ha puesto sobre la mesa las dificultades que viven los funcionarios de Prisiones y de la AGE en general, reclamando una subida salarial para todos los grupos profesionales de la Administración del Estado, tratando de equiparar los sueldos con otras comunidades autónomas, y solicitando que se cubran todas las plazas incluidas en las distintas ofertas de empleo público, pues la falta de personal es manifiesta desde hace años en todos los ámbitos de la AGE.
Desde CSIF se ha expuesto la necesidad de que, en el caso de haya cambio de Gobierno, se mantenga el acuerdo firmado en el mes de marzo para una subida salarial para todos los grupos profesionales de los centros penitenciarios. Esta subida, a juicio de CSIF, “no es suficiente para paliar la merma de poder adquisitivo sufrida en los últimos años, pero tampoco se puede perder ahora”. De hecho, CSIF recuerda que aún no han cobrado el 100% de las pagas extra que les fueron retraídas tras la crisis económica de 2008.
Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras de las prisiones merecen que se apruebe la llamada ‘ley de cuerpos’, que vendría a actualizar sus funciones laborales y una ley que los reconozca como “agentes de la autoridad”. Para CSIF, la seguridad e integridad física de los funcionarios de Prisiones es “esencial para todo el colectivo, habida cuenta de los episodios violentos que sufren demasiado a menudo por parte de los internos, con lo que demandan una mejora en medios materiales, que las agresiones sean consideradas atentados contra la autoridad y que se amplíe la atención médica y de salud mental para las personas internas”.
Los delegados de CSIF han agradecido a Gallardo y el resto de candidatos del Partido Popular al Congreso en representación de la provincia gaditana el interés mostrado para atender sus reivindicaciones.