La Policía Nacional ha detenido el pasado viernes en Jerez de la Frontera (Cádiz) al jefe de seguridad y propietario de una empresa de seguridad privada como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Supuestamente actuó de forma ilícita con el fin de eludir una cuantiosa sanción a la que se enfrentaba su empresa tras detectarse unas posibles irregularidades en un servicio de vigilancia y protección que se estaba prestando en una urbanización de dicha localidad.
Según ha informado la Policía en una nota, las irregularidades detectadas no se ajustaban a lo previsto en la normativa vigente de seguridad privada ni el conjunto residencial cumplía los requisitos legales para poder acogerse a este tipo de servicios privados.
Así, y para los investigadores, el detenido presuntamente habría presionado a varios vigilantes de su empresa para que testificaran a su favor en la Comisaría y cambiaran el sentido de unas declaraciones efectuadas previamente a funcionarios policiales encargados de la inspección y control de la actividad de las empresas de seguridad privada.
Dichas declaraciones, además, se habían producido durante una inspección realizada al servicio prestado en la urbanización tras haber recibido la Policía informaciones facilitadas por otra empresa del sector relativas a que la mercantil estaría dando el servicio en la urbanización de un modo irregular.
Asimismo, el detenido habría remitido, días después de la inspección, unos partes de servicio de vigilantes de su empresa para que fueran incluidos en el expediente administrativo tramitado por el Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría jerezana.
Tras haber sido objeto de estudio y verificación, los agentes concluyeron que los partes, presuntamente, contendrían datos ficticios e inveraces en los que se narraban unos hechos que en realidad nunca habrían tenido lugar en la urbanización y con los que pretendían «camuflar» el modo ilegal en el que se estaba dando el servicio.
De esta forma, el detenido evitaría la sanción administrativa y no perdería a la urbanización como cliente, ya que le reportaba grandes beneficios a pesar de que a estos no se les podía prestar el servicio de la manera en que se venía realizando conforme a la Ley de Seguridad Privada.
La investigación ha sido llevada a cabo de manera conjunta por el Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría Local de Jerez de la Frontera y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de Cádiz.