La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a los dos presuntos responsables de tres establecimientos denominados CBD Shop como presuntos autores de un delito contra la salud pública, así como una amplia variedad de infracciones administrativas relacionadas con los hechos investigados, por comercializar cogollos de marihuana sin etiquetado y trazabilidad.
En una nota, Guardia Civil ha explicado que se trata de una operación tutelada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, que viene a «poner coto» a la comercialización de cualquier producto que provenga de los cogollos de la marihuana.
Así, se ha decretado el cierre de dos establecimientos en la capital gaditana, estando pendiente el tercero de los que abrieron al público, interviniendo en el proceso cientos de productos de todo tipo que se comercializaban de forma ilícita.
Los detenidos disponían de máquinas tipo vending donde se podían adquirir los productos sin ningún tipo de control, llegando a diseñar su propia app para la venta de estos productos.
Como se ha recordado, todos los productos y derivados de los cogollos de la marihuana, independientemente de su porcentaje de THC, están incluidos en la lista I de la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes.
La operación Sumiflor se inició en el verano del pasado año 2024 cuando la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) de Cádiz tuvo conocimiento de que una empresa ubicada en la capital gaditana estaba comercializando cogollos de marihuana y otros derivados de los mismos en tres establecimientos de los denominados «CBD shop», uno de ellos con atención presencial y otro mediante el sistema de máquinas expendedoras tipo vending.
Por todo ello, en los días siguientes se realizaron sendas inspecciones fiscales en los locales abiertos al público, donde se aprehendieron miles de artículos relacionados con los hechos investigados, además de 65 kilogramos de cogollos de marihuana secos y listos para su venta, dándose curso a la judicialización de la presente operación policial.
A partir de este punto, se ha señalado que los investigadores se encontraron con dos principales ilegalidades. Por un lado, se estaba ante un ilícito penal contra la salud pública por cuanto se refiere a los cogollos de marihuana y todos sus derivados, y por otro lado, ante una gran cantidad de infracciones administrativas de toda índole por los productos que se habían procesado a partir de las hojas y los tallos de la planta de cannabis.
En la operación se incautaron de más de 80 tipos distintos de productos, sin contar con los distintos envases de cogollos de marihuana y de tabletas de resina de hachís, de las que además de incautar numerosas tabletas de 100 gramos cada una, en el momento de realizar una de las inspecciones, los guardias civiles encontraron en el mostrador de uno de los establecimientos una tableta de resina de hachís a la que le faltaba «un buen trozo», junto a un cuchillo de cocina con la que los responsables del establecimiento, troceaban el hachís en cuestión.
Las investigaciones de los guardias civiles les llevaron a concluir que, además de sus actividades comerciales en los establecimientos de cara al público, realizaban ventas a través de paquetería a toda la península de cantidades de cogollos mucho mayores de las de un consumidor final. Sobre esto, se llegaron a interceptar 11 envíos de paquetería.
Los ahora detenidos pretendían justificar los cogollos de marihuana y productos enviados a diferentes localizaciones de la península con unas facturas de productos adquiridos fuera del territorio nacional a empresas del sector del cáñamo, sin que quedase acreditada la procedencia de lo incautado, que se presentaba sin etiquetado y trazabilidad, algo exigible a cualquier producto que se vaya a comercializar por cualquier vía.
La necesidad de concluir las diligencias y solicitar las actuaciones pertinentes, se acrecentaba debido a que los establecimientos se ubicaban junto a una guardería del centro de la capital gaditana y junto al hospital de referencia en la provincia.
Por todo esto, en la mañana del pasado 14 de marzo, se procedió al cierre de los locales, concluyendo por el momento con la detención de un hombre y una mujer como propietarios y responsables directos de los establecimientos, además de investigar la entidad jurídica en la que se encuadraban los establecimientos, quedando pendiente la resolución judicial sobre el tercero de los locales.
La operación Sumiflor continúa abierta y no se descartan más actuaciones.
