La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presidido la firma de un convenio entre la Administración andaluza y la Universidad de Granada por el que se concretan las bases de colaboración para la identificación genética de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, entre los que se incluyen por primera vez los bebés desaparecidos y dados en adopción sin autorización.
El convenio persigue, por una parte, que las familias de desaparecidos durante la contienda y la Dictadura puedan “recuperar a sus seres queridos y darles un entierro digno”, contando, para ello, con el trabajo de exhumaciones que coordina la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, al que se suma ahora la colaboración de la Consejería de Salud para recabar muestras genéticas de los familiares a través de los centros de salud, mientras que la Universidad de Granada facilitará los medios técnicos y humanos para llevar a cabo el análisis.
Además, tal y como ha explicado la presidenta, el acuerdo incorpora por primera vez las pruebas genéticas para familiares de bebés desaparecidos y dados en adopción sin autorización, tanto para las familias como para quienes, hoy ya adultos, quieren saber sus orígenes.
Es, según Susana Díaz, un “paso importante para la dignidad de las familias, saber qué pasó y que nunca vuelva a repetirse”. Se trata, ha añadido de una “apuesta innovadora” del Gobierno andaluz, que abre la puerta además a que se lleven a cabo actuaciones similares en otros territorios del país.
El acuerdo suscrito completa el convenio marco rubricado en junio de 2016 entre la Junta y la Universidad de Granada y que permitió la puesta en marcha del Banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. En este caso, se concreta el plan de trabajo, cronograma de actuación y los recursos necesarios que permitan culminar los procesos de identificación genética en aquellos casos en que sea posible técnicamente. Para garantizar la suficiencia de recursos y el acometimiento de todos los trabajos, la dotación económica será de 1.087.500 euros, para cuatro años.
Gracias a este acuerdo se podrá llevar a cabo la entrega y recepción, tanto de las muestras de restos óseos humanos procedentes de las exhumaciones realizadas en Andalucía, como de las de los familiares de las víctimas, y para su posterior depósito, cotejo y entrega de resultados.
De la misma forma, y dando cumplimiento a lo establecido a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se recabarán muestras genéticas de familiares que denuncian la sustracción y adopción sin autorización de bebés recién nacidos, para facilitar su identificación y localización.
El convenio coordinará las acciones de colaboración entre las partes implicadas: los equipos técnicos encargados de la toma de muestras y su traslado a laboratorio; la Universidad de Granada para los medios técnicos y humanos que posibiliten el análisis; la Consejería de Salud, para la obtención de muestras biológicas a familiares a través de los centros de salud, y la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, para la coordinación de todo el proceso y también para garantizar, en el caso de las víctimas mortales, su identificación y entrega a los familiares para proporcionarles un entierro digno.
Sólo cuatro comunidades autónomas en España disponen de un Banco de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista: Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra. Este hecho refuerza a esta comunidad en una posición de vanguardia, no sólo en el desarrollo de intervenciones en fosas para la recuperación de las víctimas y la dignificación de su enterramiento -en torno a 50 en esta legislatura, con 480 cuerpos recuperados-, sino en los procesos conducentes a su identificación.
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