El Pleno desestima las alegaciones al uso del remanente que se adoptó en la sesión de septiembre y aprueba casi 1,2 millones para financiar nuevas inversiones
El Pleno de Diputación ha aprobado iniciar el expediente para contratar el Servicio de Ayuda a Domicilio en 25 municipios de la provincia de Cádiz con menos de 20.000 habitantes. Esta decisión ha sido adoptada con los votos favorables del Partido Popular y La Línea 100×100, la abstención de Izquierda Unida y el rechazo del Partido Socialista. Tal como ha argumentado la responsable del Área de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Paula Conesa, este avance se afronta “en apenas cuatro meses de gestión” y superando “dos años con los acuerdos caducados”. En una próxima sesión plenaria se planteará la aprobación del pliego de condiciones técnicas.
La propuesta finalmente presentada al Pleno se ha enmendado para recoger la salida de Villamartín del expediente de contratación. Según expuso Paula Conesa, el alcalde de este municipio de la Sierra de Cádiz ha confirmado la continuidad del servicio mediante prestación directa en dicha localidad. El resto de poblaciones destinatarias –en la próxima licitación que se convoque- se distribuirá en siete lotes. Entre todas suman unas 4.000 personas usuarias, que requieren asistencia para no ver mermada su autonomía conforme a los postulados de la ley de Dependencia.
Las plantillas que llevan a cabo el Servicio de Ayuda a Domicilio –en los 25 municipios coordinados por Diputación y gestionados mediante prestación indirecta- suman 1.038 profesionales, mayoritariamente mujeres. Paula Conesa ha explicado que las próximas licitaciones recogerán el incremento en el precio/hora asumido por Diputación; la horquilla estará comprendida entre los 16,57 y los 17,64, con lo que atiende la reivindicación de unas trabajadoras y unas empresas “que estuvieron congeladas durante una década con 13 euros por hora”. Este coste se incrementó en 2021 por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía y, a comienzos de 2023, se elevó a 15,45.
En cifras, el expediente que promueve la Diputación de Cádiz contiene un presupuesto base de licitación que supera los 61 millones de euros, para un periodo de ejecución de tres años: dos naturales y uno más de prórroga. La inclusión de dicha prórroga conlleva 40 millones adicionales. En estos procesos también se incorpora una consignación económica para cubrir las modificaciones, derivadas principalmente por el incremento de personas usuarias atendidas. Con todas estas previsiones el valor total de contrato puede superar los 120 millones de euros.
En los diferentes lotes de la próxima licitación se distribuyen los siguientes municipios: Olvera, Algodonales, El Gastor, Zahara de la Sierra, Setenil, y Torre Alháquime; Ubrique, Grazalema, El Bosque, Benaocaz y Villaluenga; Prado del Rey, Bornos, Espera y Algar; Medina, Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Paterna y Vejer; Tarifa; Jimena, San Martín del Tesorillo y Castellar; y Chipiona.
Desestimación de alegaciones
El Pleno –con los votos favorables del PP y La Línea 100×100; la abstención de IU y la negativa del PSOE- ha acordado desestimar las alegaciones presentadas al expediente de modificación presupuestaria 64/2023, que fue aprobado en la sesión plenaria celebrada el 20 de septiembre. Dicha modificación ha permitido destinar 31,5 millones de euros, procedentes del remanente de tesorería para gastos generales, a la financiación de inversiones promovidas por 11 ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Las alegaciones, que reclamaban la revocación del acuerdo de septiembre y la nulidad de la declaración de urgencia por la que se tramitó, han sido presentadas por el grupo provincial del PSOE y diferentes portavoces municipales de dicha formación política.
El vicepresidente primero de Diputación, Juancho Ortiz, ha explicado los motivos de la desestimación, exponiendo además el contenido de informes emanados desde la Intervención de Fondos, la Secretaría General, la Asesoría Jurídica y la dirección del Área de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa.
Los recurrentes reprochaban que no habían dispuesto de tiempo material suficiente para el estudio de la modificación. En la respuesta aducida por Ortiz, y con el respaldo jurídico y técnico de las fuentes antes citadas, se explica que precisamente la moción de urgencia es una excepción legalmente reconocida. Y la motivación de la urgencia se debe a que la iniciativa en cuestión resuelve “gastos específicos y determinados que por su naturaleza no pueden demorarse al ejercicio siguiente”, conforme establece el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
El procedimiento, según se expresa en los informes aludidos, se ha tramitado de manera rigurosa incluyendo las propuestas de los servicios, las memorias justificativas de la necesidad de la modificación presupuestaria así como los informes de control financiero del órgano interventor. En los argumentos de la desestimación también se expresa que los fondos habilitados no conformaban un expediente de subvenciones, por lo que no se pueden aplicar las bases que regulan este tipo de convocatorias.
Inversiones de dos millones de euros
Por unanimidad se han validado dos modificaciones presupuestarias defendidas por el vicepresidente primero de Diputación, Juancho Ortiz, y por el vicepresidente cuarto, Germán Beardo. Ortiz ha presentado un expediente cifrado en 1.192.880 euros, entre créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Este montante se financia a través de bajas por anulación de algunas partidas más fondos procedentes del remanente de tesorería para gastos generales.
El circuito de zambombas de 2023; un plan para comercializar productos locales o de kilómetro cero que promueve el CEEI Bahía de Cádiz; un proyecto de acuicultura experimental liderado por Salarte; el desarrollo del programa ‘Muere el invierno 2023’ del Ayuntamiento de Puerto Serrano; o la implantación de nuevos medios en administración digital, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad, son algunas de las iniciativas que sostendrá la dotación presupuestaria aprobada.
Germán Beardo motivó la necesidad de fortalecer el programa Cádiz Vale Más, a través de un suplemento de crédito de 865.180 euros. Una cuantía que ha permitido un impulso adicional en los municipios con más de 40.000 habitantes, tras el éxito cosechado en la primera etapa dedicada a las localidades de menor población. La aportación final de Diputación a este programa supera este año los 2,8 millones de euros.