Remitió una carta al consejero Imbroda el mismo día en que la Secretaría General le trasladó el informe sobre la imposibilidad de renovar la cesión
“De esta manera te participo que esta Diputación no podrá mantener su relación jurídica con la citada Fundación, lo que se traduce en la imposibilidad de facto de seguir asumiendo la cesión de la Institución Provincial Gaditana como sede de un centro educativo dependiente de esa Consejería”. Con estas palabras comunicaba por escrito, la presidenta de la Diputación, Irene García, al consejero de Educación, Javier Imbroda, la situación de la IPG y la imposibilidad legal de renovar el convenio para continuar con la gestión de su actividad educativa. Una actividad que, por otro lado, es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Esta comunicación está fechada el 27 de febrero de 2020, el mismo día en que la Secretaría General de la Diputación trasladó a la Presidencia el informe sobre las competencias de la administración provincial en materia de educación. El diputado provincial, Daniel Moreno, ha recordado que el escrito advierte de la situación que generaba la finalización y la imposibilidad de renovar el acuerdo de cesión del edificio con la Fundación Aramburu y ha manifestado su “sorpresa y preocupación por las declaraciones del delegado territorial, Miguel Andreu, que afirma que se enteró por la prensa el viernes, y también por el hecho que nos trasladan algunos padres, de que el delegado les alienta a manifestarse frente a la Diputación”.
Moreno ha explicado que “tan pronto se conoció el contenido de este documento que manifestaba la incompatibilidad de la actividad educativa con las competencias de la Diputación y se agotó la posibilidad de renovar el convenio con la Fundación Aramburu se trasladó la información al consejero”, por lo que “es preocupante que el delegado desconociera este hecho cuando ya disponían de la información la máxima autoridad de la Consejería y la Dirección General de Planificación”, ha afirmado Moreno.
El diputado ha pedido a la Junta de Andalucía “lealtad institucional” para buscar una solución para toda la comunidad educativa afectada por esta delicada situación y ha mostrado su predisposición a “mantener un diálogo constante tanto con el AMPA como con la Junta” para buscar soluciones –ayer miércoles 20 se produjo una conversación entre Daniel Moreno y Miguel Andreu sobre el asunto- y “no aumentar la lógica preocupación de padres y madres con guerras partidistas”. Ya el escrito del 27 de febrero solicitaba una reunión entre la presidenta de la Diputacion y el consejero para abordar el asunto, petición que hasta la fecha no ha sido atendida.
Daniel Moreno ha mostrado su satisfacción porque la propia Fundación ha ratificado, en un escrito público difundido hoy, las informaciones dadas a conocer por la Diputación. Por un lado, reconoce que el acuerdo expira en octubre de 2020 y que “ante la imposibilidad de negociar una actualización del convenio, solicitó la devolución del inmueble”. El diputado ha subrayado que en este comunicado la Fundación también asume que la alternativa que propuso, la firma de un contrato conforme al marco legal actual para la continuidad del centro educativo, fue rechazada “por falta de competencias” de la Diputación, según el decreto que les fue notificado el 26 de marzo.
Diputación viene gestionando la IPG a través de un convenio con el propietario del inmueble, la Fundación Aramburu Moreno de Mora, cuyas escrituras datan del 7 de diciembre de 1963. Este acuerdo estipula como “fecha irremediable de extinción” el próximo 20 de octubre de 2020. Nunca hasta el momento se había tenido que afrontar ninguna prórroga o cambio en dicho convenio. A finales de marzo de 2019 el presidente de la Fundación Aramburu Moreno de Mora y obispo de la Diócesis de Cádiz, Rafael Zornoza Boy, remitió un escrito a Irene García en el que pedía “recuperar a la brevedad posible el uso del edificio que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación Provincial”. El titular de la Fundación sostenía que “el mantenimiento de un centro público de educación en la finca propiedad de nuestra Fundación no es ya compatible con el marco jurídico”.