Diputación y Junta organizan en Cádiz una jornada sobre contratación pública local y competencia
La jornada sobre contratación pública local y competencia se celebrará el 7 de mayo en los Depósitos de Tabaco de Cádiz y está dirigida a personal técnico y responsables de contratación de entidades públicas.
La Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía celebrarán el próximo 7 de mayo en los Depósitos de Tabaco de la capital una jornada sobre contratación pública local y competencia dirigida a personal técnico y responsables de contratación de las administraciones públicas. El objetivo es reforzar la detección de prácticas que puedan vulnerar la libre competencia en los procesos de licitación.
La iniciativa está organizada por la Escuela Provincial de Estudios Locales de la Diputación y la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (ACREA), con la colaboración del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz.
La sesión se centrará en la identificación de las denominadas conductas colusorias, es decir, acuerdos ilícitos entre empresas que concurren a licitaciones públicas para alterar la competencia, por ejemplo mediante la fijación de precios o el reparto de contratos. Estas prácticas, además de restringir la libre concurrencia, pueden suponer un perjuicio económico para las arcas públicas y afectar a la calidad de los servicios contratados.
La jornada está dirigida a personal adscrito a unidades o servicios de contratación de entidades públicas, titulares de órganos de contratación y funcionarios con habilitación de carácter nacional. Las personas interesadas deben formalizar su inscripción a través del correo secretaria.general@dipucadiz.es, indicando sus datos de contacto y el puesto que desempeñan.
El programa comenzará con una apertura institucional en la que intervendrán el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz; la vicepresidenta del IFEF del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo; y el director de ACREA, Joaquín Pérez Muñoz.
A continuación, el secretario general de ACREA, Eugenio Pedro Benítez, abordará la importancia de la política de competencia en el ámbito local y el marco institucional de la normativa antimonopolio. Posteriormente, la directora de Promoción de la Competencia y Mejora de la Regulación Económica de ACREA, María de los Ángeles Gómez Barea, ofrecerá recomendaciones para un diseño de compras públicas que favorezca la competencia.
El director de Investigación de Defensa de la Competencia de ACREA, Alfonso López-Escobar, centrará su intervención en la detección de indicios de colusión en licitaciones públicas. La jornada incluirá además un coloquio sobre la aplicación del Derecho de la Competencia en la contratación pública local, con la participación de responsables técnicos y jurídicos de la Diputación y representantes del ámbito profesional.
Entre ellos figuran la interventora de la Diputación de Cádiz, Cristina Grandal; el presidente del Tribunal de Recursos Contractuales de la institución provincial, José Román; el secretario de dicho órgano, Francisco Javier López Fernández; la responsable de la Central de Contratación, María José Sánchez Vega; y el presidente de Cosital-Cádiz, José Luis López-Guío, además de representantes de ACREA.
La clausura correrá a cargo del presidente del Consejo de la Competencia de Andalucía, Juan de Dios del Pino.
La jornada toma como referencia la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que transpone directivas europeas al ordenamiento jurídico español. Esta norma establece en su artículo 150.1 la obligación de trasladar a las autoridades de competencia los indicios fundados de conductas colusorias detectados durante un procedimiento de contratación.
Según el informe de 2024 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, las licitaciones públicas representan el 10,92% del Producto Interior Bruto. Ese año se tramitaron en España 206.242 licitaciones desde el sector público, de las que 99.013 correspondieron a entidades locales. En 2025, el valor de los contratos adjudicados por el sector público local superó los 25.000 millones de euros.
En este contexto, la organización considera prioritario reforzar la formación técnica de los empleados públicos para garantizar procesos de contratación ajustados a la normativa y orientados a preservar la competencia.
