Dos años de la muerte de dos guardias civiles en Barbate: el PP denuncia que la situación no ha cambiado

En el segundo aniversario de la muerte de dos guardias civiles en Barbate, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido afirma que siguen faltando medios y protección para las fuerzas de seguridad frente al narcotráfico

Cuando se cumplen dos años de la muerte de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha en el puerto de la localidad gaditana, el eurodiputado del Partido Popular y exministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha asegurado que la situación de las fuerzas de seguridad en la zona “no ha cambiado” desde entonces, pese a considerar aquel suceso un “punto de inflexión”.

Zoido realizó estas declaraciones este lunes, 9 de febrero, en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, coincidiendo con el segundo aniversario del fallecimiento de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez. Ambos murieron el 9 de febrero de 2024 tras ser embestidos por una embarcación utilizada para el narcotráfico mientras participaban en un operativo en el puerto de Barbate (Cádiz).

El eurodiputado señaló que, a su juicio, no se están atendiendo las advertencias sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz. En este sentido, recordó la visita realizada en mayo de 2025 por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Cádiz y Sevilla para analizar las condiciones laborales de estos cuerpos y el posterior informe elaborado tras esa misión.

Según Zoido, las conclusiones de aquel informe no se han traducido en cambios efectivos sobre el terreno. El representante del PP afirmó que su formación seguirá defendiendo a los agentes y reclamando medidas para reforzar su seguridad y sus recursos, especialmente en zonas con alta actividad delictiva vinculada al narcotráfico.

Entre las demandas expuestas, Zoido volvió a pedir una mayor protección legal para los miembros de las fuerzas de seguridad, así como el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo. También insistió en la necesidad de dotarles de los medios materiales necesarios para el desempeño de sus funciones y evitar, según expresó, que los delincuentes dispongan de más recursos que los propios cuerpos policiales.

Asimismo, el eurodiputado defendió que los ataques contra las fuerzas de seguridad sean considerados “eurodelitos”, una propuesta que ya fue recogida entre las conclusiones del informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tras su visita a la provincia. Esta calificación permitiría, según sus defensores, una respuesta coordinada a nivel comunitario frente a la violencia asociada al narcotráfico.

En el plano personal, Zoido tuvo palabras de recuerdo para las familias de los dos agentes fallecidos, destacando que el aniversario supone un día especialmente duro para sus allegados. Subrayó que, desde su punto de vista, no se han adoptado medidas suficientes para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

En relación con la investigación judicial, por los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2024 fueron detenidas cuatro personas. El principal acusado es Karim E.B., piloto de la narcolancha que presuntamente embistió a la embarcación oficial de la Guardia Civil. Será juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz por un jurado popular como presunto autor de dos delitos de asesinato.

Junto a él, otro de los tripulantes será juzgado por seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al considerar el juez instructor que fue quien apuntó con un láser a los agentes que viajaban en la zódiac en los momentos previos a la colisión, con la intención de dificultar su capacidad de reacción. No consta, según el auto judicial, que realizara esta acción en el instante exacto del impacto.

Los otros dos ocupantes de la narcolancha fueron puestos en libertad tras el pago de una fianza y serán juzgados en un procedimiento separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.

Karim E.B. fue detenido el 19 de septiembre de 2024, siete meses después de los hechos, tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descartó que otra embarcación intervenida inicialmente fuese la responsable de las embestidas. La investigación se apoyó en declaraciones de testigos y en grabaciones de vídeo, una de ellas realizada desde otra narcolancha.