El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar en 3.264 plazas el próximo curso la plantilla de personal docente de la Consejería de Educación, con el fin de adaptarlas a las medidas de recuperación de derechos desarrolladas durante los dos últimos años y a las necesidades detectadas durante el proceso de matriculación. Andalucía destaca como la comunidad que más amplía este año su dotación de funcionarios docentes.
La reducción del horario lectivo a 18 horas semanales el próximo curso se traduce en un incremento de 2.399 plazas de profesorado en Educación Secundaria y 365 en Formación Profesional. A ello se suman las 500 de nueva creación en Primaria, aumento que tendrá continuidad en los dos siguientes cursos hasta alcanzar 1.300, prioritariamente destinadas a reforzar la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales.
La consolidación de la plantilla pública docente refuerza la línea de recuperación iniciada el pasado curso, en el que se crearon 2.676 plazas, y supone un crecimiento total de 5.940 en los dos últimos.
397 puestos para educación y servicios sociales
La Junta de Andalucía ampliará en 397 puestos las plantillas de personal funcionario y laboral en administración educativa, escuelas infantiles, comedores escolares, dependencia y atención social directa en centros de menores y de personas mayores. El Consejo de Gobierno ha aprobado la dotación presupuestaria de este refuerzo, en unos servicios públicos especialmente afectados por las dificultades de reposición de efectivos que la normativa estatal ha impuesto durante los últimos años.
Las plazas ya estaban incluidas en las relaciones de puestos de trabajo pero no dotadas en el presupuesto autonómico por vacantes sin cubrir. De ellas, 259 corresponden a la Consejería de Educación y cubrirán las carencias detectadas en atención complementaria (33 de personal laboral) y en administración y servicios (226 de funcionarios). Las primeras se destinan a las escuelas infantiles de titularidad de la Junta, los programas de apoyo al alumnado con necesidades específicas y el comedor escolar, servicio este último que ha aumentado su carga de trabajo en los últimos años con la implantación del Plan de solidaridad y garantía alimentaria. Las plazas para administración reforzarán las plantillas de las delegaciones territoriales de Educación.
El incremento de efectivos para dependencia y atención social se llevará a cabo mediante la dotación de 138 puestos en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. De ellos, 106 son de personal funcionario para el Servicio de protección de menores y para el de dependencia, este último muy afectado en los últimos años por la infrafinanciación estatal en este área (en torno al 20%, frente al 50% que fija la ley).
Los 32 puestos restantes son de personal laboral en centros de protección de menores y residencias de personas mayores, cuyos servicios de atención directa exigen el mantenimiento de turnos rotatorios de 24 horas durante todo el año.
En el caso de los primeros, la demanda de recursos humanos viene determinada sobre todo por la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados y por la previsión de un agravamiento del problema debido a las restricciones a la inmigración africana en países tradicionalmente receptores. La medida se suma a la contratación urgente autorizada a principios de julio, con entidades especializadas, de 400 plazas de acogimiento inmediato autorizada a principios de mes.