Educación eleva un 87% el presupuesto para la atención a la diversidad en Andalucía desde 2018
La atención a la diversidad en Andalucía, la mejora del rendimiento académico y la consolidación de la FP centrarán la política educativa autonómica durante la legislatura
La Consejería de Educación ha situado la atención a la diversidad en Andalucía, la mejora de los resultados académicos y la consolidación de la Formación Profesional como sus tres principales líneas de actuación durante la legislatura. La consejera, María del Carmen Castillo, ha presentado en comisión parlamentaria las medidas y cifras con las que el Gobierno autonómico sustenta esta estrategia.
Según los datos expuestos por Castillo, el número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) ha aumentado un 43% desde 2018, mientras que el presupuesto destinado a esta área ha crecido un 87% en el mismo periodo. La inversión por estudiante con NEE alcanza actualmente los 7.500 euros, casi 2.000 más que hace ocho años.
La plantilla especializada se aproxima a los 15.000 profesionales entre docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, orientadores y personal técnico en Integración Social (PTIS). La Consejería cifra en 5.000 los efectivos incorporados desde 2018, de los cuales 930 corresponden al curso 2026/2027.
El colectivo de PTIS supera los 3.900 trabajadores tras crecer un 65,5% desde 2018. Educación también ha incrementado el cupo de especialistas mediante el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales para que el alumnado con necesidades educativas especiales compute doble a efectos de planificación de las plantillas.
La estrategia planteada por la Junta amplía el concepto de diversidad más allá de las necesidades educativas especiales y de las situaciones de vulnerabilidad, al incluir también a los alumnos con altas capacidades. La consejera defendió que la respuesta debe implicar al conjunto de la comunidad educativa y orientarse tanto a la igualdad de oportunidades como al desarrollo del talento.
El segundo eje de la legislatura será el rendimiento académico. A partir de los resultados del Informe PISA 2025, Castillo señaló que la mejora no depende únicamente de aumentar los recursos económicos, humanos y materiales, sino también de la organización de los centros y de las prácticas pedagógicas.
La Consejería está analizando los modelos educativos de países como Inglaterra, Japón y Estonia y prepara dos líneas de actuación: una dirigida al rendimiento del alumnado y otra a mejorar los sistemas de evaluación y el diagnóstico del sistema educativo. Entre las medidas propuestas figuran la revisión de los currículos y de los procedimientos de evaluación, así como una formación continua del profesorado más especializada ante el aumento de la diversidad en las aulas.
Castillo planteó también una mayor autonomía para que los centros puedan diseñar parte de sus currículos, organizar horarios y participar en la elección de sus equipos directivos. A su juicio, esta capacidad permitiría adaptar mejor el destino de los recursos a las necesidades de cada comunidad educativa.
La consejera vinculó estas medidas con varios indicadores registrados desde 2018, periodo en el que el presupuesto educativo ha aumentado un 47% y se han incorporado 7.800 profesores. De acuerdo con las cifras presentadas en el Parlamento, la tasa de abandono escolar temprano ha bajado siete puntos y se sitúa por primera vez por debajo del 15%.
La tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan se encuentra en el 14,5%, mientras que la titulación en Educación Secundaria Obligatoria ha subido cinco puntos, hasta alcanzar el 88,9%. Educación sostiene que este último porcentaje se encuentra por encima de la media nacional. En esos años, el alumnado matriculado en Formación Profesional ha aumentado un 50%.
El bienestar emocional, la convivencia y la prevención del acoso escolar completan las prioridades expuestas por la responsable autonómica. Entre las medidas ya adoptadas figura la posibilidad de aplicar al agresor el cambio de centro como medida disciplinaria, una actuación acordada después del I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital.
La Junta también mantiene la limitación del uso de teléfonos móviles en las aulas. Castillo reclamó la colaboración de las familias para extender el control al tiempo de ocio y señaló que los conflictos relacionados con el entorno digital no se circunscriben al ámbito escolar.
En cuanto al profesorado, la Administración autonómica ha reconocido a los docentes la condición de autoridad pública y ha creado unidades de apoyo para situaciones de conflicto. Los profesionales afectados pueden recibir asistencia jurídica y psicológica.
La Formación Profesional constituye el tercer bloque de la estrategia. La oferta andaluza supera las 198.000 plazas después de incorporar 78.000 desde 2018. Para el curso 2026/2027 se han creado 30.000 plazas y se han incorporado 1.216 profesores, según los datos aportados por la Consejería.
La red pública reúne 3.832 ciclos formativos, cursos de especialización y vías de acceso, con 197 titulaciones distintas, equivalentes al 87% del catálogo nacional. El 80% del alumnado andaluz de FP está matriculado en centros públicos. La oferta incluye estudios vinculados a la robótica, la informática y la economía circular, además de más de 28.000 nuevas plazas a distancia durante este curso.
La generalización de la FP Dual se apoya en más de 85.500 convenios con 36.500 empresas de las ocho provincias andaluzas. Educación cifra además en casi 300 las aulas de Emprendimiento y en cerca de 290.000 los estudiantes incluidos en el programa autonómico de emprendimiento, en el que participan más de 6.000 docentes.
