Educación se ampara en el Consejo de Transparencia para defender que protege los datos del alumnado andaluz en el convenio con Google
La consejera María del Carmen Castillo asegura en el Parlamento que el sistema educativo cumple la protección de datos del alumnado andaluz y niega que haya existido una brecha, tras la polémica por la cesión de información de estudiantes a Google
La Junta de Andalucía ha defendido en el Parlamento que el sistema educativo autonómico cumple con la protección de datos del alumnado andaluz en relación con el convenio firmado con Google para el uso de herramientas digitales en los centros educativos. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, sostuvo que una resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía avala que la administración cumple con las garantías exigidas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Durante su intervención parlamentaria, Castillo afirmó que el organismo autonómico ha verificado que la Consejería cumple con los requisitos legales tras analizar la documentación remitida por la Junta. Según explicó, el Consejo solicitó información adicional para comprobar la adecuación del convenio al marco legal vigente y, tras recibir las aclaraciones correspondientes, concluyó que el sistema cumple las exigencias técnicas y jurídicas.
La consejera defendió la actuación de su departamento y aseguró que “nunca ha habido una brecha en la protección de los datos personales del alumnado o del profesorado”. Castillo añadió que los acuerdos suscritos por la Junta con compañías tecnológicas como Google o Microsoft son similares a los firmados en otras comunidades autónomas como Cataluña, Navarra o el País Vasco.
Además, puso en valor el uso de estas herramientas digitales en el sistema educativo andaluz, señalando que han permitido mantener la actividad docente en situaciones excepcionales como los temporales que recientemente afectaron a Andalucía, facilitando la enseñanza a distancia para el alumnado.
Las declaraciones de la consejera se producen en un contexto de polémica tras conocerse hace semanas una resolución del propio Consejo de Transparencia que advertía de deficiencias en la gestión del convenio firmado por la Junta con Google para el uso de la plataforma educativa Google Workspace for Education.
Ese pronunciamiento señalaba que el acuerdo afectaba a los datos personales de más de 700.000 alumnos menores de edad, además de decenas de miles de docentes y miles de centros educativos andaluces. El organismo autonómico llegó a emitir varios apercibimientos a la administración andaluza por incumplimientos relacionados con la normativa de protección de datos.
Entre las cuestiones señaladas figuraban la ausencia de una evaluación de impacto sobre el tratamiento de datos, la falta de información suficiente al alumnado y a sus familias sobre el uso de sus datos personales y la necesidad de reforzar las medidas técnicas para limitar los riesgos asociados al uso de la plataforma digital.
La resolución también apuntaba a la posibilidad de transferencias internacionales de datos, ya que el convenio con Google permite que la compañía almacene y procese información en centros de datos ubicados fuera de la Unión Europea.
Tras estas advertencias, la Consejería remitió documentación adicional y elaboró una evaluación de impacto sobre el tratamiento de datos con el objetivo de corregir las deficiencias detectadas. Es precisamente esa documentación la que, según ha explicado ahora la Junta, ha sido analizada por el Consejo de Transparencia para concluir que el sistema cumple con la normativa vigente.
El convenio entre la Junta de Andalucía y Google se firmó en 2020 y fue prorrogado posteriormente mediante una adenda en 2024. A través de este acuerdo, miles de centros educativos utilizan las herramientas digitales de la compañía para tareas escolares, almacenamiento de archivos, comunicación entre alumnado y profesorado y trabajo colaborativo en línea.
La polémica ha reabierto el debate sobre el uso de plataformas tecnológicas privadas en el sistema educativo público y sobre el tratamiento de los datos personales del alumnado, especialmente cuando se trata de menores de edad.
A este debate se suma el papel del propio Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el organismo que ahora avala la actuación de la Consejería. Este ente está formado por una Dirección y una Comisión Consultiva integrada por catorce miembros cuyos nombramientos corresponden a la consejería competente en materia de transparencia de la Junta de Andalucía.
Aunque el Consejo actúa con autonomía en el ejercicio de sus funciones de control en materia de transparencia y protección de datos, su estructura depende orgánicamente de la propia administración autonómica, lo que ha alimentado el debate político sobre la gestión del caso.
Mientras tanto, el convenio con Google continúa vigente y sigue siendo utilizado por miles de centros educativos andaluces, en un contexto en el que el uso de herramientas digitales en la enseñanza convive con las preocupaciones sobre la privacidad de los datos del alumnado.
