José María González se posiciona “totalmente en contra de lo que quiere hacer la Junta”, cuya propuesta de regulación “acabaría hundiendo al taxi en favor de empresas privadas que primero destrozan el mercado y luego encarecen los precios a placer”
El alcalde de Cádiz, José María González, ha expresado hoy su total apoyo al sector del taxi en las protestas que viene llevando a cabo ante la propuesta de regulación que plantea la Junta de Andalucía para las VTC (vehículo de transporte con conductor) y que será aprobada a finales de mes. El regidor gaditano ha defendido “a quienes están en huelga, a quienes se manifiestan y que además están sufriendo episodios de represión en estas últimas semanas”.
González ha exigido “las competencias para proteger a las familias del taxi frente a las multinacionales con sede en paraísos fiscales y para proteger el servicio público con precios regulados y accesibles para la ciudadanía. No precios especulativos, que se disparan y luego repercuten en nuestros servicios públicos”.
“Si las VTC no se regulan, como ha ocurrido en Murcia por ejemplo, quedarían sólo para el transporte interurbano y con precontratación, es decir, el alquiler de vehículo con conductor de toda la vida. Pero lo que quiere hacer la Junta de Andalucía, en cambio, es hacer competir a las VTC con el sector del taxi sí o sí. Y sólo hay que ver la experiencia en otras ciudades del mundo para saber que acabarían hundiendo al taxi en favor de empresas privadas, que primero destrozan el mercado y luego encarecen los precios a placer”, ha añadido.
Para el alcalde de Cádiz se trata de “una lucha desigual” y por ello “estamos totalmente en contra de lo que quiere hacer la Junta. Estamos y estaremos del lado de los taxistas y pelearemos contra el decreto que quieren aprobar antes de final de mes, porque queremos proteger a las familias del taxi y también el servicio público regulado, que es el mejor garante de la calidad del servicio para el usuario”.
Cabe recordar que este viernes 30 de septiembre finaliza el periodo concedido en 2018 a las VTC para operar sin restricciones para compensar la inversión realizada. A partir de entonces la actividad deberá ser regulada por las comunidades autónomas o, de lo contrario, las VTC sólo podrán realizar carreras entre municipios.