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Vie. Nov 22nd, 2024

El alcalde de Cádiz solicita una reunión urgente al consejero de Educación ante el cierre de líneas educativas en la ciudad

La Junta de Andalucía ha anunciado recortes de unidades en cuatro centros públicos, como son el colegio La Inmaculada y los institutos Drago, Rafael Alberti y San Severiano

El alcalde de Cádiz, José María González, ha remitido este lunes una carta al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, con objeto de solicitarle una reunión con carácter urgente “ante la alarma social generada ante la retirada de las líneas educativas en Cádiz”.

La semana pasada, tras reunirse el regidor con representantes de la AMPA La Pepa del IES San Severiano debido a la decisión adoptada por la Consejería de Educación de recortar en una las unidades de primero de Bachillerato de las que dispone este centro público de cara al próximo curso escolar, González mostró su apoyo a la comunidad educativa de este centro y expresó su deseo de que la Junta diera marcha atrás: “Espero que la Consejería de Educación recapacite y dé un paso atrás antes de cometer una sinrazón así contra la escuela pública, sin justificación alguna y que afecta a muchas familias gaditanas, además de al propio centro, pues este recorte impide su consolidación como centro de referencia que debe ser en el entorno en el que se encuentra ubicado”, manifestó el pasado lunes 10.

No obstante, ante la falta de movimiento por parte de la Administración andaluza, el primer edil ha solicitado una reunión con carácter urgente al consejero de Educación.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía no sólo ha decidido recortar en una las unidades de Bachillerato del IES San Severiano, sino que también ha anunciado la eliminación de líneas en otros centros públicos de la ciudad, como son el colegio La Inmaculada y los institutos Drago y Rafael Alberti.

El alcalde de Cádiz ha manifestado en varias ocasiones su intención de seguir luchando en defensa de la escuela pública, e igualmente ha apuntado que se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales que puedan realizarse para “frenar este desmantelamiento de la enseñanza pública”.

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