El área provincial de Educación de IU Cádiz alerta de que la huelga educativa de Trebujena es extensible al resto de la provincia

El responsable provincial de Educación de IU Cádiz, Ángel Fernández, lamenta la dejadez de la Junta y reclama mayor atención al alumnado con necesidades específicas, que se cubran las bajas y se cumplan las ratios

Ángel Fernández
Ángel Fernández

El Área Provincial de Educación de IU Cádiz ha hecho público su apoyo a la comunidad educativa de Trebujena en las movilizaciones que está llevando a cabo en demanda de mayor dotación de recursos humanos y que en el día de ayer secundó con un éxito absoluto una huelga general. El responsable del Área de Educación, Ángel Fernández, ha recalcado que “las carencias que sufre el sistema educativo público en Trebujena es el claro ejemplo de la realidad que vive el resto de la provincia y el resto de Andalucía, por lo que esta lucha es perfectamente extensible”.

Fernández ha criticado la política aplicada durante este curso por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que “ha dejado de contratar a 2.700 profesores y profesoras menos -los llamados refuerzos Covid-, mientras que por otro lado se procede al paulatino cierre de líneas en los centros educativos de nuestra comunidad. Entiende que “si se continúan asignando recursos humanos escuetos a los centros educativos, se seguirán generando situaciones como las sufridas por la localidad de Trebujena, que cuando se produce un cúmulo de bajas o permisos, se hace imposible atender el servicio educativo con calidad al mermarse la atención educativa, situación que sufre especialmente al alumnado con necesidades específicas de apoyo, aunque no sólo a éste”.

Así, afirma que la Consejería de Educación debe dotar a sus centros públicos de los recursos humanos necesarios para poder desarrollar una educación de calidad y avisa de que la situación es “especialmente grave en el ciclo de Infantil; los centros públicos soportan casi al 100% la atención al alumnado NEAE y la atención de personal y recursos que reciben de la Junta es claramente insuficiente”. Afirma que es una realidad que cada vez llegan más niñas y niños diagnosticados con problemas, algunos de ellos muy serios, y la capacidad cada vez mayor del sistema, tanto sanitario como educativo, para diagnosticar es seguramente el origen de este hecho. “La norma dicta que en un aula específica sólo puede haber seis niños/as NEAE, pero en un aula/grupo de Infantil hay en este momento escolarizados más de siete niños NEAE diagnosticados, más otro alumnado sin diagnóstico aún, pero que presenta otro tipo de dificultades variadas”, explica.

 El responsable provincial defiende que “para afrontar esta situación necesitamos medios. Tanto el personal de apoyo los PTIS, como evidentemente, una reducción de ratio general y, por supuesto, de concentración de alumnado NEAE dentro de cada aula, porque la integración sólo es posible si el número es pequeño. Es urgente y necesaria una bajada de ratio, pero no solamente de la cantidad de niños y niñas que hay en el grupo clase, sino del número de alumnos y alumnas NEAE de cada aula”. Lamenta que existe actualmente “una perversión del sistema, que está favoreciendo a las empresas educativas de los colegios privados concertados. El 80% del alumnado con algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE), está escolarizado en aulas públicas. Pero no sólo eso, porque los que padecen una afección más severa y están en aulas normalizadas, lo están en centros de la red pública”. Asimismo, recalca que “el número elevado de este alumnado, junto al número elevado de alumnado en general y la carencia de PTIS, provoca situaciones muy difíciles de llevar para las profesionales especialistas en la etapa infantil y trae como consecuencia que algunas familias abandonen estos centros y soliciten plaza en los de la red privada/concertada”.

 “Dedicar los recursos humanos y materiales a la educación pública y corregir la anomalía española, que llevamos sufriendo durante tantos años, de privilegios económicos y de todo tipo para la red de empresas educativas privadas, deben ser dos de los aspectos prioritarios para un Gobierno andaluz que ponga en el centro de sus prioridades a la educación”, concluye Fernández.

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