El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha señalado que deberá afrontar 77 sentencias judiciales, con un importe total de 1.003.703 euros, «derivadas de la gestión en políticas de empleo llevada a cabo por el anterior gobierno socialista».
En una nota, el portavoz del Gobierno y teniente de alcalde de Fomento del Empleo, Javier Bello, ha subrayado que «estas resoluciones judiciales continúan afectando de manera directa las arcas municipales, comprometiendo el desarrollo de la ciudad».
En este sentido, ha añadido que «durante el mandato del PSOE en la Alcaldía de El Puerto, que duró cuatro años, se impulsaron planes de Empleo que afectaron a 175 portuenses». Según Bello, estas contrataciones se realizaron «sin respetar el convenio colectivo de la administración local, lo que llevó a 94 denuncias de trabajadores, de las cuales 77 ya cuentan con sentencia favorable a los empleados afectados».
Los tribunales han dictaminado que las contrataciones efectuadas por el gobierno socialista «constituyeron una discriminación hacia los desempleados de la ciudad, al no aplicarse correctamente las condiciones del convenio laboral. Como resultado, el Ayuntamiento deberá indemnizar a los afectados, lo cual se solventará con fondos públicos», ha indicado.
Bello también ha explicado que el actual gobierno ha decidido no adherirse a nuevos planes de Empleo financiados con aportaciones externas, ya que estos requieren cofinanciarse con fondos municipales que ahora deben destinarse a hacer frente a las indemnizaciones impuestas por las sentencias. «Es evidente que la situación nos impide asumir nuevos compromisos financieros, pues los recursos necesarios para la cofinanciación se están utilizando para cubrir la deuda generada por la gestión anterior», ha señalado el portavoz.
«Es importante recordar que, cuando se gobierna, los intereses de la ciudad deben estar por encima de cualquier sigla política», ha concluido Bello, que ha responsabilizado a los «concejales socialistas de esta situación» y destacando «la necesidad de una gestión pública más responsable y comprometida con el bienestar económico de todos los portuenses».