La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), ha anunciado que el Ayuntamiento va a convocar un pleno extraordinario el próximo miércoles 22 de noviembre para mostrar el rechazo a la proposición de ley de amnistía propuesta por el PSOE tras pactar con los partidos independentistas catalanes así como «el
trato de privilegio» a Cataluña acordado.
Según una nota del Ayuntamiento de Jerez, tras la sesión de investidura que se ha iniciado este miércoles y en el que previsiblemente Pedro Sánchez saldrá elegido presidente del Gobierno, es «el momento» en el que la ciudad jerezana debe «alzar la voz en defensa y compromiso con la Constitución y con su voluntad de defender el Estado de derecho».
Los pactos alcanzados entre PSOE y el independentismo catalán para la investidura supone, en opinión de la alcaldesa, «un grave desafío para el Estado de derecho, una ruptura del marco constitucional sin precedentes y la total impunidad para unos políticos, muchos de ellos condenados, a cambio de siete votos para la investidura del señor Sánchez».
Según ha recordado, este acuerdo contempla «el reconocimiento de Cataluña como una nación distinta a la española, recoge que Junts propondrá un referéndum de autodeterminación, defiende una fiscalidad propia y diferenciada para Cataluña con la cesión del 100% de los tributos que recauda para la propia autonomía e incluye en la amnistía una referencia al ‘lawfare'».
Debido a esta situación, el Gobierno local de Jerez, encabezado por la también senadora del PP por Cádiz y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, entiende que estos acuerdos «quiebran la igualdad de los españoles ante la ley, convierten en legales hechos delictivos y ponen en entredicho la actuación del Poder Judicial en España».
Con la convocatoria de este pleno extraordinario García-Pelayo espera dar «una respuesta institucional» y reclamar a todos los grupos en el Congreso de los Diputados a rechazar «cualquier proposición de Ley Orgánica de Amnistía por ser contraria al marco constitucional, quebrar la igualdad de los españoles, abolir el estado de derecho y demoler la separación de poderes».
El Ayuntamiento también mostrará su rechazo a la cesión a Cataluña del 100% de los tributos que se recaudan en Cataluña e instará al Ministerio de Hacienda a la convocatoria «urgente» del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local.