El Ayuntamiento evita la subasta de 31 viviendas públicas en Puerto Real
La operación sobre las 31 viviendas públicas en Puerto Real frena la ejecución hipotecaria, mantiene los inmuebles en el parque municipal y cancela la deuda pendiente de EPSUVI, según el Gobierno local
El Ayuntamiento de Puerto Real ha culminado una operación para evitar la subasta de 31 viviendas públicas de la Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Puerto Real (EPSUVI), correspondientes a tres promociones y afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria. La actuación permite que los inmuebles continúen en el parque público municipal y que las familias residentes mantengan sus hogares, según la información difundida el 17 de agosto por La Confluencia de Izquierdas, formación que gobierna el municipio.
Las viviendas se encontraban en la fase final del procedimiento y podían terminar en manos de empresas privadas o fondos de inversión. El Gobierno municipal sostiene que la operación ha frenado esa posibilidad y ha resuelto también la deuda hipotecaria pendiente de la empresa pública de vivienda.
La deuda de EPSUVI llegó a superar los 38,8 millones de euros. El grueso estaba relacionado con el solar de Entrevías y la parcela de Sancho Dávila, con obligaciones por un importe conjunto de 37.652.868,14 euros, de acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo local.
El Ayuntamiento comenzó a abordar esta situación al inicio del actual mandato municipal y señala que la operación sobre las 31 viviendas completa el proceso de cancelación de la deuda restante. La actuación afecta directamente a las familias que ocupan esos inmuebles y evita que las promociones salgan del patrimonio público como consecuencia de la ejecución hipotecaria.
La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha enmarcado la decisión en la protección del parque municipal de vivienda. “Cuando una vivienda pública está en riesgo, un Gobierno de izquierdas no mira hacia otro lado: actúa, busca una solución y protege a las familias”, ha declarado sobre la operación.
Salvador también ha señalado que el problema de la deuda hipotecaria era conocido por el Gobierno municipal desde su llegada al Ayuntamiento. Según la alcaldesa, el Ejecutivo decidió afrontarlo desde el comienzo del mandato con el objetivo de impedir la pérdida de patrimonio público y resolver las obligaciones acumuladas por EPSUVI.
El concejal de Hacienda, José Alfaro, ha vinculado la cancelación de la deuda con una mejora de la situación económica municipal. A su juicio, reducir las cantidades destinadas al pago de deuda e intereses permitirá disponer de más recursos para otras políticas públicas. Esta previsión ha sido planteada por el responsable municipal sin acompañarse de una cuantificación concreta del ahorro resultante.
Alfaro ha subrayado asimismo la dimensión social de la operación por su incidencia sobre las 31 familias residentes. “Detrás de estas cifras hay 31 familias que van a seguir teniendo garantizado su hogar”, ha afirmado el concejal, quien considera compatible el saneamiento de las cuentas con el mantenimiento de las políticas públicas.
La Confluencia de Izquierdas presenta la actuación como parte de la gestión de obligaciones económicas heredadas y de la conservación del patrimonio municipal. La formación sostiene que la solución alcanzada evita que las viviendas públicas puedan acabar en manos privadas y permite a EPSUVI dejar atrás la situación de impago hipotecario.
La alcaldesa ha defendido que estos inmuebles deben permanecer vinculados a su función residencial pública y no convertirse en activos privados. Con la operación anunciada, las tres promociones continúan bajo titularidad pública municipal y quedan fuera del procedimiento de subasta que amenazaba su continuidad en el parque de vivienda de Puerto Real.
