Establece un plazo de dos meses para que decidan si autorizan al Consistorio a retirarlas o proceden a hacerlo ellos mismos
El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Memoria Democrática, ha enviado un escrito a las comunidades de propietarios de más de un centenar de viviendas informándoles de la obligación, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, de la retirada de símbolos franquistas que se encuentran colocados en las fachadas. El concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, ha señalado que “se trata sobre todo de placas alusivas a la Obra Social del Hogar y promoción del Instituto Nacional de la Vivienda de la dictadura franquista”.
Esta es una de las medidas adoptadas por la Comisión de Retirada de Simbología Franquista, que afecta a 29 láminas rectangulares de latón, 49 rótulos de caliza ubicados en diferentes fincas de la ciudad, así como a un azulejo existente en la calle Ejército de África y a dos placas de mármol que son objeto de la Ley de Memoria Histórica.
Al encontrarse estos símbolos en fincas privadas, el Ayuntamiento ha iniciado los requerimientos necesarios para que los titulares de la propiedad procedan a su retirada con la correspondiente licencia y entrega a la autoridad municipal, o bien se autorice al Ayuntamiento a efectuar dichas tareas. Para la toma de esta decisión, se ha establecido un plazo de dos meses.
Tras su retirada estos símbolos vinculados a la represión y posterior dictadura franquista serán depositados en el Museo Municipal, de manera que quede acreditado y a disposición de cualquier análisis o investigación a realizar en el futuro.
La Comisión de Retirada de Simbología Franquista está formada por un representante de la plataforma Memoria Histórica, un representante del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, un representante del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Cádiz, un representante del Colegio de Arquitectos de Cádiz, un representante de la Asociación en Defensa e Interés del Patrimonio, un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril, el arqueólogo municipal, un técnico de la Delegación de Cultura y otro de la Delegación de Urbanismo.