El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este viernes 31 de diciembre el decreto que autorizará el pago de cerca de 11 millones de euros a la sociedad Dehesa Norte en compensación por la expropiación de unos terrenos en Puerto Real (Cádiz) para la creación en ellos de un área logística en la Bahía de Cádiz, el antiguo proyecto Las Aletas.
El decreto de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, cuya aprobación ha sido posible tras la autorización del Pleno del Parlamento andaluz, autoriza la suscripción de acuerdos transaccionales con la familia propietaria y la entidad Dehesa Norte para dar cumplimiento a las sentencias que en su día declararon la nulidad de la expropiación de las fincas de estos propietarios en la zona Las Aletas en Puerto Real y poner así fin a la situación de inseguridad jurídica en que se encuentran las partes implicadas.
Una vez alcanzado el acuerdo, el interés estratégico de la Administración autonómica en los terrenos situados en la zona de Las Aletas persiste para la puesta en marcha de un nuevo proyecto bajo la denominación de Lógica.
Según la Junta, se prevé que esta nueva iniciativa cuente con una inversión de 70 millones de euros, aunque tendrá un efecto multiplicador de unos 188 millones. También se estima la creación de alrededor de 3.000 puestos de trabajo, ya que permitirá concentrar en esta zona de Puerto Real toda la actividad logística de la Bahía de Cádiz.
El proyecto Las Aletas inició su andadura en 2004 con la declaración de la zona Aletas-Río San Pedro como un área de interés autonómico para el desarrollo de actividades, en la que se iba a crear una gran área logística de 527 hectáreas.
En 2005 el Gobierno andaluz aprobó el Plan Especial de Delimitación del Área de Reserva de Terrenos, en 2007 el Consejo de Ministros estableció una reserva de 286 hectáreas sobre el dominio público terrestre dentro de las 527 hectáreas reservadas para el nuevo parque tecnológico de Las Aletas y en 2008 la Junta aprobó el plan especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas, Empresariales Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz.
Para permitir el desarrollo del proyecto, la Junta de Andalucía necesitaba hacerse con los derechos sobre el suelo que iba a ocupar, por lo que inició un procedimiento expropiatorio. Sin embargo, la anulación del Plan Especial de Delimitación de Reserva de 2005 determinó la nulidad de esas expropiaciones, lo que dio inicio a un segundo proceso expropiatorio que fue recurrido en los tribunales.
En 2017, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la declaración de reserva sobre el dominio público marítimo terrestre, lo que dio inicio a un proceso para reconducir y reconfigurar el proyecto. En 2018 se anunció que el proyecto Las Aletas pasaba a denominarse Lógica, Plataforma Logística, Tecnológica y Medio Ambiental de la Bahía de Cádiz, reduciendo la extensión de las 527 hectáreas iniciales a 120 hectáreas fuera de la protección del dominio público terrestre. Sin embargo, la batalla judicial por las expropiaciones seguía siendo una traba para su desarrollo.
Ante esta situación, el nuevo Gobierno andaluz decidió hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno que permitiera el desarrollo del proyecto. Según la Junta, el acuerdo alcanzado con los propietarios «es beneficioso», ya que los dueños del suelo reclamaban cantidades que superaban los 100 millones de euros para cada una de ellas pero que, con intereses y otros conceptos, podrían alcanzar los 280 millones, mientras que la indemnización fijada por ambas partes apenas supera los 20 millones de euros.
A la familia propietaria le corresponden 7,3 millones (7.351.851 euros), un pago que no requiere la tramitación parlamentaria, y a Dehesa Norte, 13,3 millones, de los que hay que descontar casi 2,5 millones de euros ya abonados, con lo que la cantidad a abonar ahora será de 10,8 millones (10.860.583 euros) que se incluyen en este decreto. El volumen de la última indemnización obligaba a que el decreto, antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, pasase por el Parlamento.