El CAU aprueba un reparto adicional de 37,5 millones para las universidades públicas andaluzas en 2026
El Consejo Andaluz de Universidades da luz verde a un reparto adicional de 37,5 millones para las universidades públicas andaluzas, una medida que beneficiará a la Universidad de Cádiz y al resto del sistema público autonómico.
El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha aprobado este jueves un reparto adicional de 37,5 millones de euros para las universidades públicas andaluzas correspondiente al ejercicio 2026. La decisión se adoptó en la sesión celebrada hoy y supone un primer ajuste presupuestario del año para el sistema público universitario andaluz.
Según la información difundida tras la reunión, esta partida extraordinaria está destinada a cubrir distintos conceptos económicos reclamados por las universidades. Entre ellos se incluye la cuantía pendiente para completar el abono de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI), así como el 50% del quinto tramo del complemento de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) correspondiente a 2024.
El reparto también incorpora una partida de 16 millones de euros consolidables, anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía durante la apertura del curso académico 2025-2026. Estos fondos pasarán a integrarse en la financiación estructural de las universidades públicas andaluzas.
La medida afecta al conjunto del sistema universitario público andaluz (SUPA), del que forma parte la Universidad de Cádiz (UCA), junto al resto de instituciones académicas de la comunidad autónoma. Aunque no se ha detallado el importe concreto que recibirá cada universidad, la aprobación del reparto adicional de 37,5 millones para las universidades públicas andaluzas repercutirá en la financiación de la UCA durante el presente ejercicio.
Auditoría de costes de plantilla
Además del acuerdo económico, el CAU ha establecido un mecanismo de auditoría conjunta entre las universidades y la administración autonómica. El objetivo es determinar con exactitud los costes reales de las plantillas universitarias y calcular la diferencia de ingresos no percibidos en aplicación de la cláusula de salvaguarda prevista en el modelo de financiación.
Las universidades han solicitado que esta auditoría esté finalizada en el mes de julio, de forma que sus conclusiones puedan aplicarse dentro del actual ejercicio presupuestario de 2026. El resultado de este análisis será clave para ajustar las transferencias autonómicas a los gastos reales de personal.
Desde el ámbito universitario se considera que este avance supone un paso en la aplicación del modelo de financiación vigente, aprobado para garantizar la estabilidad económica de las instituciones públicas de educación superior en Andalucía.
Cantidades pendientes de 2025
No obstante, las universidades han señalado que aún quedan cuestiones pendientes por resolver. Entre ellas figura el abono íntegro de las cantidades correspondientes al ejercicio 2025 que, según indican, no han sido satisfechas en su totalidad.
En este sentido, las instituciones académicas han emplazado a la Junta de Andalucía a mantener la negociación para asegurar el cumplimiento completo de los acuerdos firmados y del modelo de financiación actualmente en vigor.
La financiación universitaria ha sido uno de los principales asuntos de debate en el sistema público andaluz en los últimos años, especialmente en lo relativo a los costes de personal y a la actualización de los complementos retributivos.
Con la aprobación de este reparto adicional de 37,5 millones para las universidades públicas andaluzas, la Junta y las instituciones académicas dan un nuevo paso en la planificación presupuestaria de 2026, a la espera de que se concreten las auditorías y se resuelvan las partidas aún pendientes.
