La medida, solicitada por el Gobierno, sigue las recomendaciones de la Comisión Europea y está amparada por la Constitución Española y la Ley de Estabilidad
El Congreso de los Diputados ha apreciado hoy que España sufre una emergencia extraordinaria por la pandemia de la COVID-19 que justifica la suspensión temporal de las reglas fiscales en 2020 y 2021. Este posicionamiento, solicitado por el Gobierno en cumplimiento de la Constitución Española y la Ley de Estabilidad, ha sido aprobado en la Cámara Baja por amplia mayoría absoluta.
De esta forma, España sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, que decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.
Como consecuencia de esta decisión, que ya ha sido adoptada por otros países europeos y ha recibido el beneplácito del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Ministros celebrado el pasado 6 de octubre suspendió la senda y los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno en febrero y por el Parlamento en marzo y que han quedado absolutamente desfasados por el impacto de la emergencia sanitaria.
La medida adoptada por el Ejecutivo cuenta con el amparo de la Constitución Española y la Ley de Estabilidad. En concreto, el artículo 135.4 de la Carta Magna recoge esta suspensión en caso de «catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».
Por tanto, con la apreciación adoptada hoy por la Cámara Baja se cumple este precepto constitucional y quedan suspendidos los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. Asimismo, permitirá a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes durante los dos ejercicios de suspensión de las reglas fiscales.
En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que la suspensión de las reglas fiscales «no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal». De hecho, la titular de Hacienda ha reiterado que el Gobierno no renuncia a la estabilidad presupuestaria ni tampoco al principio de prudencia a la hora de realizar los Presupuestos Generales.
Responsabilidad fiscal y reducción del déficit
En este sentido, Montero ha recordado que el Gobierno se compromete a iniciar una senda de reducción del déficit público a partir del próximo año. Así lo contempla el Plan de Estabilidad de 2021 enviado a Bruselas al recoger para el próximo ejercicio una de las mayores disminuciones del déficit de 3,6 puntos hasta situarlo en el 7,7% del PIB.
Durante su intervención, la ministra de Hacienda ha recordado que, pese a no existir objetivos de estabilidad, sí habrá unos objetivos de referencia. En concreto, la tasa de referencia por subsectores muestra cómo la Administración Central asume la mayor parte del coste de la pandemia, algo que ha ocurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria. De hecho, la Administración Central asumirá gran parte del déficit de las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social.
En principio, la tasa de referencia del déficit del 7,7% de 2021 se repartiría de la siguiente forma: un 2,4% para la Administración Central; un 2,2% para las Comunidades Autónomas; un 3% para la Seguridad Social; y un 0,1% para las Entidades Locales.
Sin embargo, el Gobierno aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.
Por tanto, la tasa de referencia en 2021 será finalmente del 5,2% para la Administración Central. La referencia de las Comunidades Autónomas se reducirá a la mitad y se situará en el, 1,1%. La Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%.
Las Entidades Locales mantendrán su tasa de déficit del 0,1%, aunque gracias a la suspensión de las reglas fiscales podrán hacer uso de sus remanentes y contribuir así en la recuperación económica y social de España.
Techo de gasto
Aunque el límite de gasto no financiero del Estado de 2021 no se sometía a votación en el Congreso, la ministra de Hacienda también ha recordado que el contexto provocado por la pandemia conlleva la fijación de un techo de gasto excepcional sin comparación con el de ejercicios anteriores al incorporar una serie de elementos extraordinarios.
En primer lugar, está lo que se podría denominar límite de gasto homogéneo, que asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este aumento se debe a las mayores partidas para cubrir el Ingreso Mínimo Vital, incrementar las partidas en dependencia, reforzar la educación o las aportaciones a la Unión Europea. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.
Sin embargo, hay que añadir varias partidas que no tienen equivalencia en años anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte de la referencia de la Seguridad Social. Esta partida, eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros.
Además, hay que incluir una parte de los fondos europeos. Los Presupuestos Generales de 2021 recogerán la inclusión de 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación, que se incorporan al techo de gasto. Además, se incluirán 2.436 millones del programa REACT-EU que corresponden al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre las comunidades autónomas para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.
Por tanto, el techo de gasto de 2021 incorporará un total de 27.436 millones de los fondos europeos, lo que eleva el límite de gasto no financiero hasta los 196.097 millones. En cualquier caso, los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público ya que se reconocen como un ingreso.