El Congreso insta a impulsar la titularidad pública de los bienes de la Casa de Medina Sidonia
La Comisión de Cultura aprueba una iniciativa para que el Gobierno promueva la titularidad pública de los bienes de la Casa de Medina Sidonia, en coordinación con las administraciones presentes en la fundación con sede en Sanlúcar de Barrameda.
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno central a promover la titularidad pública de los bienes de la Casa de Medina Sidonia, uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes de la provincia de Cádiz y con sede en Sanlúcar de Barrameda.
La iniciativa, presentada por el grupo parlamentario Sumar, salió adelante con 33 votos a favor y tres en contra. El texto plantea que el Ejecutivo convoque a las administraciones públicas presentes en la Fundación Casa de Medina Sidonia —el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda— con el objetivo de acordar las gestiones necesarias para que los bienes recuperen carácter público.
La propuesta se refiere a los bienes que formaban parte de la dotación original de la fundación hasta la sentencia dictada el 22 de junio de 2018 por la Audiencia Provincial de Cádiz. Esa resolución judicial estableció que dos tercios de los fondos dotacionales correspondían a los tres hijos de la fundadora, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, mientras que el tercio restante quedaba en manos de la Fundación Casa de Medina Sidonia.
La fundación fue constituida en 1990 por la duquesa de Medina Sidonia con el objetivo, entre otros, de conservar y difundir su patrimonio histórico. Entre los bienes más destacados se encuentra el Palacio de los Guzmanes, declarado Bien de Interés Cultural en 1978 y situado en Sanlúcar de Barrameda, así como el Archivo General de la Fundación. Este archivo está compuesto por 6.318 legajos que reúnen documentación histórica generada a lo largo de siglos por las distintas casas nobiliarias integradas en la de Medina Sidonia.
En la exposición de motivos, la iniciativa parlamentaria señala que, tras la sentencia de 2018, la situación jurídica de los bienes ha derivado en una gestión compleja y en una “incertidumbre” que afecta a su conservación, seguridad, investigación y difusión pública. El texto advierte de que esta circunstancia resulta impropia de un patrimonio de estas características y subraya la necesidad de una intervención coordinada de las administraciones.
El grupo proponente argumenta que desde su origen la fundación tuvo una vocación pública y contó con la participación de distintas instituciones. Por ello, considera necesario que una entidad participada por las mismas administraciones que actualmente forman parte del patronato pueda asumir la titularidad de los bienes que quedaron fuera de la fundación tras la resolución judicial.
La proposición no de ley aprobada no tiene carácter vinculante, pero supone un posicionamiento formal del Congreso para que el Gobierno abra un proceso de diálogo institucional. En concreto, insta a convocar al Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para estudiar fórmulas que permitan avanzar hacia la titularidad pública de los bienes de la Casa de Medina Sidonia.
Durante el debate en comisión, el diputado de Sumar y coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, defendió la iniciativa en el marco de la semana del 28 de febrero, Día de Andalucía. Según señaló, la protección del patrimonio documental andaluz debe traducirse en medidas concretas que garanticen su conservación y acceso público.
La Casa de Medina Sidonia está considerada una de las más importantes de la nobleza española, tanto por su relevancia histórica como por el volumen y valor de su archivo. La posible asunción pública de la titularidad de sus bienes tendría impacto directo en la gestión cultural y patrimonial en Sanlúcar de Barrameda y en el conjunto de la provincia de Cádiz.
A partir de la aprobación de la iniciativa, será el Gobierno quien decida si impulsa las reuniones y negociaciones planteadas por la Comisión de Cultura para avanzar en el proceso.
