El Congreso revalida la subida de las pensiones para 2026, con un aumento del 2,7 % y mejoras reforzadas para las mínimas

La convalidación del Real Decreto-ley beneficia a cerca de 13 millones de personas e incorpora también medidas sobre cotizaciones, jubilación activa y colectivos profesionales

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley que regula la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas para el año 2026, una norma que garantiza la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida y que tendrá un impacto directo en cerca de 13 millones de personas en todo el país. La medida consolida la subida ya aplicada en las nóminas de enero y febrero y refuerza el compromiso del sistema público con el mantenimiento del poder adquisitivo de pensionistas y perceptores de prestaciones sociales.

Con carácter general, las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado experimentan una subida del 2,7 %, calculada a partir del IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta actualización supone, en términos medios, alrededor de 570 euros más al año para una pensión de jubilación, mientras que la pensión media del sistema en su conjunto aumenta en torno a los 500 euros anuales. La revalorización alcanza a jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y pensiones en favor de familiares.

Uno de los elementos más destacados del decreto es el mayor incremento aplicado a las pensiones de menor cuantía. Las pensiones mínimas suben más de un 7 % en 2026, con aumentos que alcanzan el 11,4 % en el caso de las pensiones con cónyuge a cargo y determinadas pensiones de viudedad con cargas familiares. En la misma línea, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizan un 11,4 %, reforzando la protección de los colectivos más vulnerables.

La norma también actualiza otras prestaciones específicas. Las pensiones del antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) suben un 7,07 %, situándose en torno a los 600 euros mensuales en los casos no concurrentes. Asimismo, se incrementa el complemento para la reducción de la brecha de género, que se revaloriza un 2,7 %, manteniendo su papel como instrumento de corrección de desigualdades en las carreras laborales y de cotización.

Más allá del bloque de pensiones, el Real Decreto-ley incorpora un conjunto de medidas adicionales en materia de Seguridad Social. Entre ellas figura la regulación de una cotización adicional que permitirá anticipar la jubilación de bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales, reconociendo la penosidad y peligrosidad de su actividad profesional. Se trata de una demanda histórica de estos colectivos, que ven así habilitado un marco legal específico para acceder a coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Otro de los aspectos relevantes es la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con el ejercicio profesional en el caso de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria. Esta medida, que ya estaba en vigor, se mantiene tras los resultados positivos registrados en los últimos años, contribuyendo a aliviar la falta de profesionales sanitarios y a reforzar el primer nivel asistencial.

El decreto incluye igualmente ajustes técnicos en el sistema de cotizaciones. Se actualizan las bases mínimas y los grupos de cotización, se fija el tope máximo en 5.101,20 euros mensuales y se revisan las aportaciones vinculadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional y a la cuota de solidaridad. En el caso de los trabajadores autónomos, se prorrogan durante 2026 los tramos de rendimientos netos vigentes en 2025, dando continuidad al actual modelo transitorio.

Con la convalidación parlamentaria de este Real Decreto-ley, el Ejecutivo consolida un marco normativo que combina la garantía del poder adquisitivo de las pensiones con ajustes estructurales en el sistema, reforzando tanto la protección social como la sostenibilidad a medio y largo plazo. La norma entra ahora plenamente en vigor, asegurando certidumbre para pensionistas, trabajadores y colectivos beneficiarios durante el ejercicio 2026.