Prima la excelencia y garantiza el reparto equitativo: destina el 90% a funcionamiento y el 10% a mejorar la investigación y la docencia
El Consejo de Gobierno ha aprobado las Bases del Modelo de Financiación Pública Ordinaria de las universidades públicas andaluzas impulsadas por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Este documento recoge los principios generales que sustentan el nuevo sistema de asignación de recursos dirigido a estas instituciones académicas, que primará la excelencia y el rendimiento, garantizará la suficiencia financiera y les proporcionará la dotación adecuada para el desarrollo eficiente de su función social.
De acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades y antes de ser elevado al Consejo de Gobierno, el nuevo sistema se ha sometido al informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades, así como a los de incidencia económica-financiera y del Gabinete Jurídico de la Junta.
El modelo aprobado se aplicará a las diez universidades públicas andaluzas durante el periodo 2022-2026, sustituyendo a un esquema de reparto que data de 2007 y que se ha ido aplicando hasta ahora. Debido a ello, Andalucía ha carecido durante años de un diseño de asignación actualizado que pudiera dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria. El primer modelo de financiación se aprobó para el periodo 2002-2006, al que le siguió el definido para los años 2007-2011, que se fue prorrogando hasta 2016. En todos ellos el objetivo común ha sido el de cubrir costes exclusivamente, con una financiación vinculada más a la cantidad que a la calidad.
La nueva formulación otorgará más coherencia y transparencia al sistema público, a través de un reparto basado en los principios de suficiencia, equidad y eficiencia. Ese sistema es el que ya opera en la mayoría de los países del entorno y se basa en fórmulas que operan sobre variables de escala (cantidad) y rendimiento (calidad), pudiendo incorporar así criterios de cumplimiento de objetivos específicos a través de indicadores cuantificables y contrastables.
Las Bases del Modelo se nutrirán de las transferencias procedentes del Presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio y se completarán con una segunda parte compuesta por una guía de variables y fórmulas de cálculo que se tomarán como referencia en la asignación de esos recursos públicos. Ambas partes siguen una tramitación independiente, de forma que el documento de bases requiere del respaldo de Consejo de Gobierno, mientras que el esquema de variables verá la luz mediante Orden del consejero.
Con esta separación, se pretende dotar de flexibilidad a la concreción de los criterios de valoración, de tal modo que se puedan realizar ajustes sin necesidad de tener que redefinir la estructura de base. Además, se busca avanzar y dotar de agilidad a la aprobación del modelo de financiación ordinaria con independencia de la discusión sobre las variables, el modo de calcularlas o los criterios de verificación.
El contenido del modelo de financiación pública
El nuevo diseño se estructura en dos grandes bloques. El primero, la financiación básica, supone el 90% del total de los recursos públicos de la Junta. Con ella se cubrirán, fundamentalmente, los costes salariales, de funcionamiento y de mantenimiento, que suponen el 80% de ese total. El 10% restante se destinará a propiciar la convergencia entre las universidades, compensando el efecto de las economías de escala, corrigiendo los posibles desfases estructurales y reforzando las políticas institucionales comunes.
El segundo bloque viene definido por la denominada financiación estratégica, que suma un 10% y está dirigida a mejorar los resultados docentes y de investigación. El destino de los fondos asignados a este capítulo será decidido libremente por las propias universidades en función de sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía.
Un diseño sustentado en la colaboración
La Consejería de Transformación Económica viene trabajando en este diseño más de un año y medio en estrecha colaboración con los rectores de las universidades públicas andaluzas, después de que en diciembre de 2019 se les presentara una propuesta inicial con el objetivo de que pudieran debatirla. Con posterioridad, se recibieron aportaciones y propuestas que han sido esenciales para la mejora sustancial del primer borrador, en el que se ha continuado trabajando a través de diversas reuniones con los máximos responsables universitarios y con los Consejos Sociales.
La ronda de contactos presenciales que ha venido realizando el consejero Rogelio Velasco desde el pasado mes de mayo con todas las universidades ha permitido avanzar en el consenso deseable que se requiere para esta reforma.
Fuentes de financiación de las universidades
El grueso de la financiación de las universidades públicas andaluzas lo constituye la financiación pública ordinaria, que se nutre de las transferencias de la Junta de Andalucía y viene fijada anualmente por las decisiones presupuestarias que adopta el Parlamento andaluz. El objetivo de la Consejería de Transformación Económica es establecer una senda presupuestaria que garantice la suficiencia financiera y permita a la comunidad aproximarse a los valores medios de los países del entorno en cuanto al porcentaje del PIB destinado a universidades e investigación.
Además de esta fuente de recursos, estas instituciones académicas cuentan con ingresos adicionales públicos y privados. Entre los primeros destacan los planes plurianuales de inversiones en infraestructuras y los ingresos procedentes de programas competitivos (proyectos de investigación, becas, ayudas para equipamiento, etc.). Los fondos de carácter privado incluyen las cuantías derivadas de tasas y matrículas, cursos, convenios, contratos, donaciones, gestión patrimonial y financiera, entre otros.
1.516 millones en 2021
Desde el primer año de legislatura, el presupuesto destinado a las universidades se ha ido incrementando: un 2,4%, en 2019; un 5,2%, en 2020; y un 3,3%, en 2021. Precisamente, las cuentas del presente ejercicio suman 1.516 millones, una cuantía que dista de los 1.360 millones aprobados en 2018, lo que supone una diferencia de 156 millones y un alza de casi un 11,4%.
Además, se han incrementado los recursos dirigidos a las retribuciones de la plantilla universitaria hasta un 13% más en 2020 respecto a 2018, lo que ha permitido aumentar en 1.151 el número de efectivos. Asimismo, en 2020, se autorizó un Plan de Inversiones por importe de 165 millones hasta el ejercicio 2023, una cuantía que se añade a los 25 millones ya autorizados en 2019, sumando un total de 190 millones en inversiones para dos años y dando, cumplimiento, así, a una de las principales demandas de los rectores.
A esa medida se une el abono de la deuda que dejó pendiente el Gobierno anterior: más de 180 millones desde el año 2015 que estaban sin pagar. También la puesta a disposición de las universidades de 61 millones procedentes del Fondo Covid-19 para compensar los gastos derivados de la pandemia.
En materia de I+D+i, entre 2019 y 2020, la inyección pública de la Junta al sistema andaluz del conocimiento se ha elevado a 251,1 millones de euros y para este 2021 se ha consignado una partida de 140 millones de euros a través de ocho líneas de incentivos.