La norma busca la ‘triple sostenibilidad’ ambiental, económica y social, y supone una ‘revolución circular’ al convertir los residuos en recursos
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), una propuesta normativa desarrollada en la anterior legislatura y que pretende regular y sentar las bases de un modelo hoy absolutamente necesario para alargar la vida útil de productos y servicios y extraer menos materia prima de la naturaleza para proteger el medio ambiente y, con él, a nosotros y, lo más importante, proteger a las generaciones futuras.
La propuesta normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que será remitida para su tramitación al Parlamento de Andalucía cuenta con 87 artículos y se trata de una iniciativa pionera, al buscar la disminución del impacto medioambiental de cualquier proceso al tiempo que favorece el desarrollo económico y genera empleo, buscando reconvertir en recursos los residuos.
A juicio del Gobierno andaluz, se trata, por tanto, de la ley de la triple sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social. Y se apoya en tres ejes: la administración, como fuerza impulsora y reguladora; la empresa, como vertebradora del cambio, y la propia sociedad, que es el motor necesario para que la adopción del modelo circular sea un éxito. La cultura del usar y tirar se ha hecho insostenible y la LECA facilitará y premiará la reutilización de los residuos reconvertidos en recursos.
La LECA es, en definitiva, una norma que apuesta por aprovechar y que rechaza el malgasto, funcionando a través de la Oficina de Economía Circular, que será una unidad administrativa que asesorará, dinamizará, coordinará y gestionará todo lo relacionado con la norma. La futura ley ofrecerá instrumentos de planificación en el ámbito local para que los municipios elaboren, aprueben, implanten y ejecuten en materia de gestión de residuos; y facilitará, asimismo, la contratación pública ecológica, primando la introducción de criterios ambientales en la contratación por parte de administraciones públicas, de modo que las empresas busquen recursos a partir de residuos y surjan nuevas empresas capaces, a su vez, de poner en el mercado esos subproductos.
La norma favorecerá, además, que los productores analicen los ciclos de vida de productos y servicios y los registren en un Registro Público Andaluz, que se constituirá para este fin. Se trata de animar a productores a ‘vender’ como un atractivo más de su producto o servicio ese reaprovechamiento de los residuos. El modelo circular sustituirá al lineal, hoy obsoleto y, sobre todo, derrochador.
Por último, la Ley de Economía Circular llevará aparejada la constitución del Centro de Innovación Digital como un espacio en el que interconectar instituciones públicas y empresas privadas para dar impulso, entre todos, a la investigación, la innovación y las prácticas relacionadas con la economía circular.