El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía para facilitar el acceso a hogares asequibles

La futura norma busca impulsar la construcción de viviendas en venta y alquiler a precio asequible, optimizar la gestión del parque residencial y reforzar la protección de los más vulnerables.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para los ciudadanos andaluces. La norma, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, busca promover tanto la construcción de viviendas en venta como en alquiler a precios asequibles, así como mejorar la eficiencia del parque residencial público y privado.

El proyecto se ha desarrollado tras un proceso de diálogo y participación con agentes sociales, económicos y el sector de la vivienda, incorporando varias de las medidas urgentes recogidas en el Decreto ley 1/2025, aprobado en febrero, que puso el foco en liberar suelo urbanizable disponible para viviendas protegidas. Entre las principales medidas destacan la creación de las llamadas áreas prioritarias, zonas en las que se detecten mayores dificultades de acceso a la vivienda y donde se concentrarán recursos administrativos en forma de ayudas al alquiler, incentivos a la compra y fomento de la construcción o rehabilitación de inmuebles.

Además, la ley apuesta por la colaboración público-privada en diferentes modalidades, como concesiones y subvenciones, con el objetivo de ampliar el parque residencial asequible. La normativa también busca equilibrar la oferta de viviendas en venta y alquiler y consolidar el uso residencial habitual y permanente, evitando la sobreocupación y la ocupación ilegal.

Para mejorar la gestión del parque residencial, se creará un inventario único de viviendas públicas, incluyendo las gestionadas por la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y promotores privados. Asimismo, se constituirá la Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, con la finalidad de incentivar la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles y fomentar la industrialización en la construcción. La ley también pone el acento en la rehabilitación de viviendas y la reconstrucción de barriadas, bajo criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.

En materia de protección a los más vulnerables, la futura norma contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y ocupación ilegal, así como mecanismos de asesoramiento e información sobre estos procedimientos. La ley garantiza además el buen uso del parque residencial, evitando situaciones de infravivienda y promoviendo la seguridad jurídica en el acceso a la vivienda.

El Proyecto de Ley incorpora diversas medidas del decreto-ley de febrero, salvo aquellas de carácter temporal, como la posibilidad de incrementar la densidad y edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida. También contempla la utilización de solares dotacionales privados, edificios turísticos u oficinas para vivienda protegida y la creación de una bolsa de suelo, diseñada en colaboración con municipios de más de 100.000 habitantes, para fomentar la construcción de viviendas a precio asequible.

Finalmente, la ley busca simplificar la gestión administrativa y resolver la dispersión normativa existente al derogar cuatro leyes anteriores: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005, la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010, la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013 y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018. La futura normativa ha sido debatida en la Mesa del Diálogo Social en materia de vivienda, en línea con las medidas sociales y económicas impulsadas en el Pacto Social y Económico de marzo de 2023.