Con motivo del inicio del Año Judicial, estos operadores jurídicos reclaman medidas para paliar los retrasos constantes en esta judicatura
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha alertado hoy de la preocupante situación de la Justicia Social en nuestra comunidad autónoma, coincidiendo con el arranque del Año Judicial, que se celebra hoy. El presidente de este colectivo de operadores jurídicos, José Blas Fernández Sánchez, ha reclamado la adopción de medidas urgentes y efectivas para paliar las causas que provocan la ralentización de los juzgados de lo Social.
La primera medida debe ser de dotación de recursos especializados en asuntos sociales y laborales, “en especial jueces y magistrados que conozcan este ámbito judicial, porque mientras en otros órganos hay plazas específicas para especialistas, para ejercer al frente de sedes de la Jurisdicción Social, ni siquiera precisan de una formación de reciclaje para dictar sentencias de gran transcendencia para los justiciables”, asegura José Blas Fernández Sánchez.
El presidente de los 9 mil graduados sociales que ejercen en Andalucía pone de relieve informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que destacan que los juzgados de lo Social son los que presentan una mayor deficiencia de plazas judiciales, estando a la cabeza de asuntos por juzgados y a la cola en número de jueces. “Nos hacemos eco de le la situación que están atravesando los juzgados de las ocho provincias andaluzas, con señalamientos para dentro de dos años”, sostiene.
“La carga de trabajo existente no puede resolverse mediante parches temporales, como la dotación de magistrados de refuerzo que no suelen durar mucho tiempo en sus puestos, porque esto agrava aún más la situación y el aplazamiento de vistas hasta dentro, incluso, de tres años”, denuncia José Blas Fernández. “La Justicia debe ser garantista, pero situar una vista después de años en este ámbito de trabajadores y empresas no es asumible”.
“Esta situación, que es generalizada en toda Andalucía, provoca una grave indefensión hacia el justiciable, en cuestiones de especial sensibilidad como son las de ámbito social y laboral, despidos, prestaciones por invalidez, impago de nóminas”, asegura el representante de los sociales andaluces.
“Faltan juzgados, jueces y, también funcionarios para tramitar las ejecuciones de sentencias en tiempo y forma. El sistema, de esta manera, genera desamparo entre nuestros clientes, los justiciables en materia social y laboral en Andalucía”, añade.
A juicio del presidente del Consejo, la Justicia Social debe ser objeto de un gran pacto institucional y político, que incluya la renovación del Consejo General del Poder Judicial, “al que deben incorporarse también graduados sociales de reconocido prestigio que puedan transmitir las inquietudes y necesidades de nuestra jurisdicción, al igual que ocurre con otros operadores jurídicos”, mantiene el presidente de los graduados sociales en Andalucía.
“No es de recibo que toda una sociedad dependa en este tema de las injerencias políticas. El actual modelo de elección de los vocales del CGPJ debe ser reformado e incluir la pluralidad de todos los ámbitos de la Justicia, incluido el Orden Social de manera específica, así como volver al sistema fijado inicialmente por la Constitución: designación por los propios jueces”, ha añadido.
Con motivo del inicio de este Año Judicial, desde este órgano se hace hincapié en trasladar a la sociedad andaluza que la Justicia Social, “se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo”, añade José Blas Fernández.