El nuevo inmueble en la Avenida de Andalucía reunirá servicios públicos dispersos en un edificio sostenible y eficiente
El Consejo de Ministros ha aprobado la autorización para que la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, contrate la construcción de un nuevo edificio administrativo en Puerta de Tierra, Cádiz. La obra, con un presupuesto estimado de 18,4 millones de euros, se ubicará en los números 1 y 3 de la Avenida de Andalucía y en el 2 de la Plaza de la Constitución.
El Estado es propietario de estos solares donde actualmente se encuentran sedes como la Delegación de Economía y Hacienda, la Subdelegación del Gobierno y dependencias del Ministerio de Trabajo. La necesidad de un nuevo inmueble surge del interés del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en contar con una sede propia tras años en régimen de arrendamiento.
Con una superficie de aproximadamente 7.200 metros cuadrados, el edificio integrará diferentes unidades administrativas que ahora se encuentran dispersas en varias ubicaciones, optimizando la funcionalidad y la eficiencia en la prestación de servicios públicos en Cádiz.
Además de reunir las dependencias en un solo espacio, el proyecto prioriza la sostenibilidad y la eficiencia energética, con el objetivo de obtener la certificación Verde 4 Hojas del Green Building Council España. También se busca garantizar la accesibilidad, apuntando a la certificación AIS 5 Estrellas para potenciar la inclusión en el nuevo inmueble.
La urbanización del resto de la parcela se destinará a zona libre y aparcamiento, con la posibilidad de ampliar la edificabilidad en una futura segunda fase según las necesidades administrativas que surjan.
La contratación se realizará mediante procedimiento abierto conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, valorando la mejor relación calidad-precio y estableciendo un plazo de ejecución de 24 meses.
Este nuevo edificio administrativo supone una inversión clave para modernizar las infraestructuras públicas en Cádiz, reducir gastos derivados del arrendamiento y mejorar la imagen institucional de la Administración General del Estado en la ciudad.
