El Ejecutivo implantará el próximo curso el nuevo sistema de Formación Profesional, que amplía la oferta de titulaciones y asegura la formación dual con prácticas en empresas. Además, ha aumentado las ayudas para las personas dependientes.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de que el Consejo de Ministros ha centrado hoy sus acuerdos en consolidar la protección de derechos sociales, como la educación, la formación y la ciencia, y en el fortalecimiento del cuarto pilar del estado del bienestar: la atención a las personas en situación de dependencia.
Isabel Rodríguez ha explicado que el Gobierno ha acordado una reforma del sistema de dependencia que forma parte del plan consensuado con todas las comunidades autónomas y con los agentes sociales en enero de 2021 para mejorar la atención a las personas en situación dependencia. La medida beneficiará, en la actualidad, a más de 750.000 personas y a sus familias.
La portavoz ha detallado que, gracias a esta reforma, se recuperan y mejoran los tres tipos de prestaciones económicas de atención a la dependencia existentes: las de cuidado en el entorno familiar, que subirán un 17,65%; las vinculadas con los servicios, que se incrementan con carácter general un 4,5%, y las destinadas a la asistencia personal, que también ascenderán un 4,5%.
Con el objetivo de garantizar la homogeneidad entre todas las personas que reciben este tipo de prestaciones, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan, la ministra ha anunciado que la reforma establece cuantías mínimas en las ayudas, algo que hasta ahora no estaba contemplado en la normativa estatal.
Rodríguez también ha resaltado que se van a incrementar las horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio para garantizar que todas las personas que lo necesiten estén mejor cuidadas.
La ministra ha reiterado que, con la decisión adoptada hoy, el Ejecutivo culmina su objetivo de «reforzar el sistema de dependencia en nuestro país otorgando mayor dignidad a las personas que lo precisan, con mejores prestaciones y mejor atención, y todo ello en el marco del acuerdo con los agentes sociales y con las comunidades autónomas».
Nueva Formación Profesional a partir del próximo curso
El Consejo de Ministros ha acordado la ordenación del nuevo sistema de Formación Profesional que permitirá que la ley de Formación Profesional, aprobada el pasado mes de marzo, se implante el próximo curso.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha concretado que el despliegue del nuevo modelo de Formación Profesional comenzará en el curso 2023-2024 y se desarrollará en su plenitud en el curso 2024-2025.
Pilar Alegría ha recordado que, en el marco de la modernización de la Formación Profesional, el Gobierno ha financiado más de 300.000 plazas que están a disposición de todas las comunidades autónomas, así como nuevas titulaciones demandadas por el tejido productivo.
La norma acordada hoy elimina las barreras para que cualquier persona pueda formarse cuando lo considere oportuno y adapte esa formación a sus necesidades laborales o vitales. «Estoy pensando no solamente en los jóvenes que hoy se están formando, sino en aquellos que en su momento abandonaron sus estudios y que hoy, gracias a esta formación, más flexible y adaptada, pueden volver a estudiar, y también en los trabajadores que pueden seguir formándose a lo largo de la vida para mejorar su empleabilidad», ha remarcado la ministra.
Alegría también ha resaltado que toda la formación es acreditable y oficial, con independencia de si los cursos duran 20 horas o son grados de formación medida o superior con carga formativa de 2.000 horas.
Además, la ministra ha asegurado que se regula el carácter dual de toda la Formación Profesional, de modo que los jóvenes se formarán tanto en el centro de estudios como en las empresas: «Como novedad, quiero trasladar que, en todos los módulos de grado medio y superior, los estudiantes van a formarse en aspectos tan importantes como digitalización, inglés técnico o empleabilidad».
La norma agiliza asimismo la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por vías no formales y contempla que las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales trabajen junto al ministerio para plantear nuevas titulaciones necesarias en los territorios o en el tejido productivo.
Pilar Alegría ha concluido señalando que el Gobierno sigue desplegando la Formación Profesional en su proyecto de país que atiende y da respuesta a los jóvenes para que puedan tener el día de mañana un empleo estable y bien remunerado, a los trabajadores para que mejoren su empleabilidad, y al tejido productivo, que está demandando técnicos medios.
Ayudas para financiar acciones formativas
En materia educativa, el Ejecutivo también ha autorizado las convocatorias de ayudas para acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales por valor de más de 128 millones de euros y que permitirán formar a entre 25.000 y 70.000 personas.
La titular de Educación ha precisado que se dividirán en tres tipos de formación. En primer lugar, para los trabajadores de baja cualificación, que estén en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o que tengan un contrato parcial. En segundo lugar, para los empleados que necesiten la formación especializada que está demandando el tejido productivo, y en tercer lugar a los desempleados que opten a una formación vinculada con los sectores detectados como altamente estratégicos.
Medidas para impulsar la investigación en el ámbito de la salud
El Consejo de Ministros ha aprobado tres convocatorias del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que es el máximo organismo de investigación biomédica de España, para mejorar la salud y el bienestar de las personas.
Programa FORTALECE
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha señalado que la convocatoria piloto del programa FORTALECE está destinada a institutos de investigación sanitaria acreditados por el ISCIII y cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros. Prevé financiar a 72 grupos de investigación, que recibirán una media de 100.000 euros anuales durante cuatro años para que desarrollen mejores tratamientos para las enfermedades.
Morant ha afirmado que «con esta convocatoria entra en funcionamiento una nueva forma de financiar la ciencia en España más flexible, menos burocrática y complementaria al modelo clásico basado en proyectos».
El objetivo es que el programa Fortalece se extienda progresivamente en los próximos años a otros agentes del sistema público de ciencia y que en una década la financiación aportada alcance los 700 millones de euros anuales.
Convocatoria TRANSMISIONES
Diana Morant ha trasladado que, con el fin de cerrar la brecha existente entre la generación de conocimiento y la innovación, el Gobierno ha aprobado la segunda convocatoria de la acción conjunta del ISCIII-CDTI, en el marco del Programa TRANSMISIONES y del PERTE de Salud de Vanguardia, que movilizará 56 millones de euros.
El Ejecutivo pretende así favorecer la colaboración entre centros de investigación y empresas para que en España no solo se investiguen nuevas soluciones para los retos de la sociedad, sino que, además, se desarrollen, se fabriquen y se universalicen esas soluciones.
En concreto, la ministra se ha referido a soluciones para enfermedades oncológicas o crónicas o al envejecimiento saludable: «Cronificar es el primer paso para salvar a los pacientes. La ciencia y las tecnologías aplicadas a la salud nos van a permitir vivir más, pero el nuevo desafío es vivir mejor».
Convocatoria de apoyo a la I+D+i en Biomedicina y Ciencias de la Salud
El Gobierno también ha autorizado la convocatoria de Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+i en Biomedicina y Ciencias de la Salud, que está dotada con 30 millones de euros.
Diana Morant ha manifestado que hoy damos un paso más en la consolidación del liderazgo que España ejerce en los ensayos clínicos, donde somos el primer país del mundo en acercar los resultados de la investigación clínica al paciente. Y también avanzamos en fortalecer la capacidad de convertir los resultados científicos en medicamentos patentados y que se fabriquen en nuestro país.
Constelación Atlántica y Observatorio de Salud y Cambio Climático
El Gobierno ha aprobado un acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA) para desarrollar la Constelación Atlántica, una constelación de satélites de observación de la tierra. La ejecución será responsabilidad de la Agencia Espacial Española y tendrá un coste estimado de 40 millones de euros.
La titular de Ciencia e Innovación ha avanzado que vamos a lanzar al espacio, junto a Portugal, un total de 16 satélites, ocho cada país, para monitorizar el cambio climático.
En esta materia, el Ejecutivo también ha aprobado la creación del Observatorio de Salud y Cambio Climático, que contribuirá a diagnosticar, analizar, prevenir y tratar los efectos que el cambio climático está teniendo en la salud de las personas.
Morant ha precisado que este nuevo organismo tendrá tres funciones principales: definir los riesgos para la salud asociados al cambio climático, crear un sistema integrado de avisos y de alertas por amenazas para la salud derivadas del clima y promover una cultura de autoprotección en la sociedad, en especial en los grupos más vulnerables.
Distintivo de igualdad de género en I+D+i
El Consejo de Ministros ha regulado el Distintivo de Igualdad de Género en I+D+I. Se trata de un sello de calidad que se concederá a los centros y entidades del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación que muestren y demuestren avances en igualdad de género y promuevan el intercambio de buenas prácticas en esta materia.
La noma incluye una disposición permitirá que el personal investigador de Organismos Públicos de Investigación (OPIS) vea reconocidos sus quinquenios, de acuerdo con la Ley de la Ciencia aprobada en septiembre de 2022.
«Continuamos desplegando la nueva ley y avanzando en el objetivo de recuperar y atraer talento científico a nuestro país como motor de transformación económica, ecológica y socia», ha dicho Diana Morant, quien considera que «no existirá la ciencia de excelencia si no se promueve la igualdad para los científicos y las científicas».
Utilización de la lengua de signos
En el ámbito de los derechos sociales, el Gobierno ha regulado las condiciones de utilización de lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas».
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno ha recordado que existe una ley que reconoce la lengua de signos en nuestro país, pero no se había desarrollado su reglamento..