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Jue. Nov 21st, 2024

El Consejo Escolar de Andalucía a favor de la equiparación salarial de los técnicos de integración y lenguaje de signos

La externalización de estos servicios, desde 2007, ha llevado a los profesionales que los ofrecen a una enorme precarización en sus condiciones laborales ya que con frecuencia cobran con retraso sus nóminas, son despedidos en los meses de verano y cobran salarios más bajos que los compañeros laborales de gestión directa que realizan el mismo trabajo que ellos

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El Consejo Escolar de Andalucía ha dictaminado a favor de que la Consejería de Educación aporte un complemento salarial al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) que forman parte de la plantilla de empresas privadas y prestan su servicio en centros escolares públicos contratados, con el propósito de que así no exista discriminación salarial entre éstos y los compañeros que forman parte del personal laboral de la Junta de Andalucía y que prestan el mismo servicio, al igual que ellos, en los centros públicos.

Con esta postura, el Consejo Escolar andaluz atiende a una propuesta de enmienda presentada por el sindicato FEUSO Andalucía al proyecto de decreto que regulará el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales por parte de PTIS e ILSE.

Los PTIS e ILSE que forman parte de las plantillas de empresas que trabajan para la administración, sufren desde hace años una situación de precarización y discriminación laboral frente a sus compañeros que forman parte del personal laboral de la Junta de Andalucía, que realizan sus mismas tareas en los mismos centros públicos y con unas mejores condiciones laborales y salariales.

Aunque desde FEUSO se instó, implícitamente mediante otra enmienda previa, a que todos los PTIS e ILSE pertenecientes a empresas privadas que desarrollan su labor en centros públicos andaluces fueran reconocidos como personal laboral de la Junta de Andalucía, esta propuesta no fue aceptada –por un voto de diferencia– por parte del pleno del Consejo Escolar de Andalucía. La realidad que se vislumbra con este nuevo decreto que se prepara desde la Consejería de Educación es que finalmente coexistan los PTIS e ILSE tanto de gestión directa de la propia administración como indirecta –pertenecientes a empresas privadas–.

Dada esta postura, desde la Federación de Enseñanza del sindicato USO en Andalucía se ha trabajado por conseguir que, al menos, se les mejore la situación laboral estos trabajadores del ámbito privado con un complemento autonómico por parte de la Consejería a la que prestan sus servicios.

La externalización de estos servicios –desde 2007–, los cuales, aunque se les denomine complementarios son como se define en el prólogo del decreto que prepara la Junta de Andalucía “una parte intrínseca de los centros educativos” y “pilares básicos para hacer realidad la igualdad de oportunidades”, ha llevado a los profesionales que los ofrecen a una enorme precarización en sus condiciones laborales ya que con frecuencia cobran con retraso sus nóminas, son despedidos en los meses de verano y cobran salarios más bajos que los compañeros laborales de gestión directa que realizan el mismo trabajo que ellos.

Sin embargo, desarrollan toda su actividad en los centros públicos integrados en el conjunto de actividades que se realizan durante la jornada escolar y se les requiere para el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Significativas.

“Desde FEUSO defendemos que el servicio que prestan los PTIS e ILSE es un servicio esencial y estructural para garantizar la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros públicos de Andalucía, por lo que este servicio tendría que ser ofertado y asumido en su totalidad, por la Consejería de Educación”, defiende María de la Paz Agujetas, secretaria general de FEUSO Andalucía.

“El colectivo de PTIS e ILSE cuentan ya, al menos, con un dictamen a favor del Consejo Escolar de Andalucía para que sean equiparados sus derechos salariales. Esperamos que la Consejería no haga ahora oídos sordos a esta postura de la comunidad educativa y sea sensible a las necesidades de estos profesionales, que merecen toda nuestra atención para que puedan seguir desempeñando, justamente remunerados, un cometido esencial entre alumnos con necesidades educativas especiales”, concluye Agujetas.

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