El Consultivo avala los criterios de la Junta para la acreditación de hospitales universitarios

El dictamen concluye que el procedimiento de acreditación de hospitales universitarios se ajusta a la normativa estatal y rechaza la petición de nulidad planteada por una asociación

El Consejo Consultivo de Andalucía ha avalado los criterios aplicados por la Junta para la acreditación de hospitales universitarios al concluir que las instrucciones autonómicas se ajustan a la normativa estatal y no incorporan condiciones adicionales. El órgano consultivo rechaza así la petición de nulidad del procedimiento presentada por una asociación.

El pronunciamiento examina dos resoluciones administrativas que ordenan la comprobación de los requisitos necesarios para que instituciones sanitarias puedan concertarse con universidades. Se trata de la resolución del 29 de marzo de 2022 de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud y de la resolución del 21 de abril de 2023 de la Secretaría General de Salud Pública e I+D+I en Salud.

La primera aprobó instrucciones para organizar los criterios de comprobación en la concertación de instituciones sanitarias como hospitales universitarios. La segunda dio luz verde a la Instrucción 1/2023, referida específicamente a la verificación de los requisitos para la concertación de instituciones sanitarias privadas con universidades.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencia solicitó al Consejo Consultivo que analizara ambas resoluciones. El dictamen considera que su contenido responde a la finalidad propia de las instrucciones administrativas y ratifica el procedimiento seguido por la Administración autonómica.

Según el órgano consultivo, las resoluciones “no establecen nuevos requisitos para obtener la condición de hospital universitario ni modifican los previstos” en el Real Decreto 1558/1986 y en la Orden estatal del 31 de julio de 1987. Las instrucciones remiten a esa regulación para comprobar el cumplimiento de las condiciones materiales exigidas en la concertación.

El dictamen señala que el objetivo de las dos resoluciones es definir los criterios que utilizará la secretaría general competente para verificar los requisitos establecidos por el Estado. Por tanto, entiende que no modifican el ordenamiento jurídico ni crean nuevas obligaciones para las instituciones sanitarias que soliciten la concertación universitaria.

Su contenido se centra en organizar la tramitación administrativa. Entre otros aspectos, determina la documentación que debe incorporarse al expediente, los informes internos necesarios, los órganos que intervienen y la forma en que la secretaría general debe comprobar el cumplimiento de la legislación estatal.

Para el Consejo Consultivo, estas actuaciones forman parte de las facultades ordinarias de organización y dirección de la Administración. El dictamen diferencia así entre la creación de nuevos requisitos, que requeriría una disposición normativa, y la fijación de pautas internas para comprobar las condiciones ya recogidas en la regulación estatal.

Las instrucciones contemplan la presentación de informes conjuntos, avales institucionales, actas de comisiones paritarias y declaraciones responsables. El Consultivo interpreta que estos documentos funcionan como medios de acreditación y comprobación administrativa, pero no alteran el contenido de los requisitos exigidos para alcanzar la condición de hospital universitario.

La Instrucción 1/2023 permite, además, aportar una declaración responsable conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El dictamen precisa que este documento no sustituye las facultades de control de la Administración, sino que se integra en el expediente como un instrumento más dentro del proceso de verificación.

Con estas conclusiones, el Consejo Consultivo respalda la validez de las instrucciones aprobadas en 2022 y 2023 y considera que la Junta se ha limitado a ordenar el procedimiento para comprobar el cumplimiento de los requisitos estatales aplicables a la concertación entre hospitales y universidades.