El fraude eléctrico en Cádiz supera los 3.600 casos en diez meses, según Endesa
El fraude eléctrico en Cádiz alcanza una media de 12 detecciones diarias y suma 26,4 millones de kilovatios hora consumidos de forma irregular entre enero y octubre de 2026

La filial de redes de Endesa, e-distribución, detectó más de 3.600 casos de fraude eléctrico en Cádiz durante los diez primeros meses de 2026, una media cercana a 12 al día. La energía asociada a estas conexiones irregulares alcanzó los 26,4 millones de kilovatios hora, cantidad equivalente, según la compañía, al consumo de más de 7.500 hogares.
Los datos suponen un aumento respecto al conjunto de 2025, cuando se localizaron más de 2.900 fraudes en la provincia. Dentro del balance de este año, el 14% de la energía defraudada corresponde a enganches relacionados con plantaciones de marihuana instaladas en viviendas y naves industriales.
Entre enero y octubre, e-distribución participó junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operativos que permitieron desmantelar 61 conexiones fraudulentas vinculadas a estos cultivos. Los enganches sumaban un consumo de 3,5 millones de kilovatios hora, lo que representa una media superior a una plantación intervenida por semana.
Cada una de estas instalaciones consume, como promedio, la electricidad equivalente a 80 viviendas, de acuerdo con los cálculos de Endesa. La concentración de cultivos en determinadas zonas puede provocar sobrecargas en la red y cortes que afectan a hogares y negocios conectados legalmente a la misma infraestructura.
La compañía sostiene que uno de los principales problemas es la reiteración de los enganches. Tras las desconexiones realizadas durante los operativos, algunas instalaciones vuelven a conectarse de manera ilegal en cuestión de horas o días, lo que devuelve la red a niveles de consumo para los que no está dimensionada.
En algunas zonas afectadas, la potencia disponible llega a multiplicar por cinco la que correspondería al número de habitantes. Endesa señala que ampliar esa capacidad puede aliviar inicialmente las interrupciones, pero considera que se trata de una medida temporal porque los nuevos enganches terminan saturando otra vez las instalaciones.
Las protecciones de la red, diseñadas para activarse ante defectos o averías, también entran en funcionamiento de manera reiterada cuando se producen sobrecargas. Según la empresa, en los entornos con mayor incidencia del fraude pueden llegar a fundirse hasta 15 fusibles en un día, con los consiguientes cortes del suministro.
La manipulación de las instalaciones añade riesgos para quienes realizan los enganches, los vecinos que comparten la infraestructura y los operarios que intervienen sobre el terreno. Entre las posibles consecuencias, la distribuidora cita electrocuciones, incendios, sobrecalentamientos y explosiones.
Endesa también relaciona la presencia de conexiones destinadas a actividades delictivas con un incremento de los episodios violentos contra técnicos de e-distribución y trabajadores de empresas contratistas. La compañía afirma que las agresiones se han multiplicado por más de tres desde 2024 y que, hasta octubre de 2026, ya superaban en cerca de un 20% todas las registradas durante 2025.
La empresa enmarca la situación en el crecimiento del cultivo ilegal de cannabis. Como referencia, cita el Informe Europeo sobre Drogas 2026, que sitúa a España como el país donde se concentra el 75% de las incautaciones de plantas de cannabis realizadas en la Unión Europea. También alude a las advertencias del Ministerio del Interior sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales dedicadas a esta actividad.
La Ley Orgánica 1/2026 ha incorporado un nuevo apartado al artículo 255 del Código Penal que contempla penas de prisión cuando la defraudación de electricidad se destine a abastecer instalaciones utilizadas para delitos de tráfico de drogas. Endesa considera positiva esta modificación, aunque reclama una respuesta penal más amplia para otros fraudes que impliquen manipulaciones peligrosas, incendios, interrupciones del suministro o perjuicios para empresas que operan legalmente.
La distribuidora plantea que la actuación contra estas conexiones requiere la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el uso de herramientas tecnológicas, entre ellas sistemas de inteligencia artificial. También señala las denuncias anónimas como una vía para localizar irregularidades y anticipar riesgos para la red y para los usuarios del suministro.


