Esta modificación del reglamento incorpora la precontratación a precio cerrado, el taxi compartido y el pago con tarjeta bancaria
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, en el que se incorporan medidas acordadas con el sector para hacerlo más competitivo, como la precontratación a precio cerrado y por plaza o el pago a través de la tarjeta bancaria. Este decreto de modernización del taxi incrementará la calidad del servicio como demanda no solo del sector, sino también de los propios usuarios.
Con este texto normativo, que modifica el reglamento aprobado en el decreto 35/2012 de 21 de febrero, se podrá ofrecer el precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de móvil, de manera que los usuarios puedan conocer de forma anticipada la tarifa máxima que pagarán al final del trayecto. Asimismo, se incorpora al reglamento la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda para abaratar el coste de los trayectos y contribuir a reducir el volumen del tráfico.
Otra medida de cara a la modernización del servicio es la obligación de que los vehículos auto taxis vayan provistos de un aparato lector de tarjetas de crédito.
Tanto el precio cerrado como el taxi compartido forman parte de las medidas consensuadas en las negociaciones que, desde principios de 2019, se han mantenido con las diferentes asociaciones del taxi. El decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Además de estas modificaciones dirigidas a la modernización del servicio del taxi, el decreto incorpora una serie de variaciones en el reglamento que son fruto de pronunciamientos judiciales. Se elimina, por ejemplo, la exigencia de que el vehículo sea conducido por el mismo titular de la licencia, ya que una sentencia judicial considera que esa medida no responde al interés público. Igualmente, se ha eliminado la restricción de que el vehículo no supere los dos años de antigüedad en el momento de concesión inicial de la licencia, por un fallo del Tribunal Supremo. No obstante, se establece un tope máximo de 12 años de antigüedad para que los vehículos puedan seguir dedicándose a la actividad de auto taxi por razones de seguridad pública y vial.
Además, se apuesta por la tramitación electrónica, exigiendo que la comunicación entre las administraciones competentes (autonómica y local) para el otorgamiento de las autorizaciones y licencias se tenga que realizar por medios telemáticos. En aras a mejorar las labores de control, se exige que todos los vehículos auto taxi lleven de forma visible en el exterior de la carrocería el número de licencia y escudo del municipio donde la tienen domiciliada. También se permite la contratación por plaza y pago individual para los servicios con origen y destino en puntos específicos de gran generación de demanda, como puertos, aeropuertos, recintos feriales, estaciones de trenes y autobuses y en aquellas zonas donde el transporte regular y discrecional en autobús sea deficitario.
Se recoge el precio cerrado para los servicios precontratados y se faculta a las administraciones para realizar un control periódico a los operadores y empresas intermediarias sobre los parámetros que aplican para el cálculo de los precios cerrados que oferten a través de sus aplicaciones de móvil.
Asimismo, se permite la recogida de pasajeros en municipios diferentes al que se haya iniciado el servicio siempre que todos ellos lleguen al mismo destino, y se prevé que los ayuntamientos puedan habilitar puntos de paradas específicos para los servicios precontratados, así como adaptar con mayor premura el régimen de horarios y descansos a la demanda de movilidad en circunstancias excepcionales y de emergencia. Es decir, se les faculta para exigir una mayor flota operativa o incluso reducirla en circunstancias excepcionales.
Por otro lado, el decreto garantiza el carácter preferente del servicio de taxi adaptado, así como su prestación 24 horas todos los días, y se incrementa la capacidad de los vehículos adaptados a nueve plazas. También se habilita a los ayuntamientos para exigir la prestación del servicio por radio emisora y se reconoce el derecho de los usuarios a la protección de datos en la contratación electrónica.
El decreto se ha sometido a los trámites preceptivos de consulta pública previa, audiencia e información pública para facilitar la participación ciudadana y de las asociaciones y entidades afectadas por la norma. Además, la Dirección General de Movilidad, con el fin de favorecer y facilitar la participación en la elaboración de la norma, ha llevado a cabo un proceso de participación presencial con las principales asociaciones del sector del taxi, a fin de tratar directamente con ellas sus propuestas de mejoras y observaciones al articulado e intercambiar la valoración dada a cada una de ellas por parte de la Consejería. Todo ello, en un contexto de absoluta transparencia y colaboración. El Consejo Andaluz del Taxi, en sesión plenaria extraordinaria celebrada los días 26 de noviembre y 9 de diciembre de 2020, dio luz verde con una amplia mayoría de los asistentes al texto del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, que también ha obtenido el informe favorable del Consejo Consultivo.